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Días después trascendió la novedad de que los abogados Juan Pablo Ildarraz y Daniel Romero apelaron esa decisión en busca de la libertad ante un juez de segunda instancia. Esa audiencia todavía no tenía fecha pero ya había sido sorteado el juez Mateo Bermejo. Sin embargo, fuentes judiciales detallaron que los representantes legales de Cacho Garay desistieron del recurso por lo que la prisión preventiva quedó firme.
Los pesquisas especulan con que se trata de una estrategia defensiva para esperar a las nuevas pruebas antes de discutir la liberación del humorista ante otro juez. Por un lado, el fiscal se encuentra tomando distintas declaraciones testimoniales y espera un examen psicológico sobre la denunciante que realizará el Equipo de Abordaje para el Abuso Seuxal (Edeaas). En paralelo, la defensa ya presentó un perito de parte para controlar ese examen y probablemente en los próximos días haga efectivo el pedido de declaración indagatoria de Cacho Garay.
La denuncia de violencia de género contra Cacho Garay
En los primeros días de abril trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay. La mujer explicó que el 5 de abril mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió «te voy a matar».
Una semana después se realizó un allanamiento en el domicilio donde el humorista fue detenido y se secuestraron cuatro armas de fuego de colección, de las cuales dos estaban aptas para el disparo. Sin embargo, estuvo menos de 24 horas preso ya que recuperó la libertad.
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La bailarina amplió su testimonio y habló de reiterados abusos sexuales y de haber sido privada de su libertad por parte de Cacho Garay. La Fiscalía de Violencia de Género agravó la imputación y ordenó la detención domiciliaria del sospechoso.
El humorista está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal y privación de la libertad agravada. Arriesga una potencial condena de 6 a 26 años de cárcel.
