Policiales en Buenos Aires

Buscan adelantar el debate oral por la megabanda

Con la intención de depurar la lista de testigos y, las pruebas con las que las partes intentaban llegar al debate en el caso de la llamada megabanda, ayer se desarrolló una audiencia clave en los tribunales penales de nuestra ciudad.

Por la fiscalía participó el doctor Mariano Sibuet y además estuvieron el representante del particular damnificado y los defensores de algunos de los detenidos.

“La idea será incorporar por lectura varias piezas documentales para reducir la nómina de personas que van a declarar en el juicio”, expresó una calificada fuente judicial.

En ese sentido, se supo que en unos 20 días se desarrollaría un último encuentro preliminar, para después dar paso a que el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, integrado por los jueces Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali, determine la lista final de testigos y fije fecha para el inicio del proceso oral, que incluso podría ser en 2022.

En el camino, los voceros consultados por este diario no descartaron la posibilidad de que se formulen acuerdos abreviados, en los que, admitiéndose las responsabilidades del caso, el Ministerio Público y los imputados pactan una pena, siempre y cuando los magistrados de mención presten conformidad al mismo.

La instrucción de la causa fue llevada adelante por la fiscal Betina Lacki, quien al cerrar el sumario y pedir su elevación a la instancia superior, indicó que los detenidos integraban una banda de delincuentes que “tomaron parte de una asociación” ilícita destinada a cometer “robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas” y precisó que “algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial”.

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El resto, a criterio de la fiscal, “conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”.

Todo se desató cuando el fiscal Tomás Moran, que estaba a cargo del expediente del crimen de Juan Roberto Farías, ocurrido en un edificio de La Loma en 2014, cayó en desgracia por una denuncia.

Con Lacki tomando a su cargo la UFI 2, se sostuvo que Farías cayó bajo “fuego amigo”. Y una por una fue encajando las piezas de un gran rompecabezas, que tiene a un exjuez (Melazo), un lobista, un simulador, policías, barras, narcos, ladrones, abogados y otros funcionarios en la mira.

 

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