Vialidad: el fiscal explicó cómo Cristina Kirchner lideró una asociación ilícita para robarle al Estado

El lunes, en la próxima audiencia del juicio oral, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola van a pedir una condena de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, también por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Este viernes analizaron las tres figuras penales y encontraron a la vicepresidenta responsable de todas las acusaciones, previo a fundamentar este punto fueron categóricos al refutar la principal tesis de su defensa: “No existe el lawfare, es sólo un marketing para desacreditar las causas penales”.

La asociación ilícita es un delito tipificado que cuenta con una pena máxima de diez años, pero para quienes están señalados como jefes de la misma, recaen quince años de prisión. Es una acusación compleja de demostrar, tal como admiten en Comodoro Py, por la amplitud de su concepto en gran medida.

Para el Ministerio Público Fiscal, no hay dudas de que en este caso “cabe aplicar el delito de asociación ilícita”. La imputación que envió a los trece imputados a juicio oral sostiene que desde el Gobierno kirchnerista y diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz», lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez» por más de 46.000 millones de pesos«.

El fiscal Diego Luciani se ocupó de analizar las implicancias de esa “organización criminal” y el grado de responsabilidad de Cristina Kirchner como ex presidenta de la Nación y ex socia.  Luciani leyó al menos cuatro ejemplos de casos en otros países que investigó “la corrupción estatal” bajo la figura de asociación ilícita. Señaló al respecto, “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios a lo largo del tiempo, con el consecuente saqueo a las arcas del Estado, es posible encuadrar las maniobras investigadas bajo la figura de la asociación ilícita”.

Fue categórico al decir que en este expediente “se tiene por corroborado que Néstor y Cristina Kirchner, junto a Julio De Vido, Nelson Periotti, José López entre otros, constituyeron una asociación ilícita que perduró en el tiempo para sustraer fondos. Crearon una organización criminal dedicada a la comisión de delitos para beneficio personal.

La causa sostiene que la organización criminal contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de «beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado».

En base a ese esquema, la fiscalía dijo que todo “contó con habitualidad, permanencia y organización” con la “impunidad como garantía del poder”. Nada en esta organización “podría haber operado y llevarse a cabo sin la orden y decisión de sus máximas autoridades”. Así fue construyendo la principal acusación, al considerar que todo el esquema bajo investigación contó con “el consenso de voluntades de los imputados para la sustracción de fondos públicos millonarios”.

Este punto para el Ministerio Público Fiscal es central, porque demuestra que con dichas acciones hubo “una decisión de defraudar al Estado con la simulación de licitaciones en una primera etapa y en un segundo tramo, con la construcción de un esquema de retorno de parte de esos fondos que se tornaron ilícitos”, en relación a los casos Hotesur y Los Sauces donde se investigaron maniobras de blanqueo.

Al momento de analizar el rol de todos los acusados en esta estructura, Luciani señaló que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner”, pero no sólo “hubo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.

Por todos estos comportamientos que incluyen la permanencia en el tiempo -durante doce años- la fiscalía señaló que ante “el acuerdo de voluntades, con el acuerdo permanente con dolo para la concreción de los planes delictivos analizados, corresponde aplicar la figura de asociación ilícita”.

En este sentido dijo que la “jefa de esta asociación fue Cristina Fernández, esta estructura delictiva tenía en su cúspide a Néstor y a Cristina Kirchner” desde ese cargo “intervinieron y crearon a Báez en un empresario constructor y montaron una estructura criminal para sustraer fondos y en una etapa posterior apoderarse de una porción de los mismos”.

Atribuyéndole el delito también de defraudación en perjuicio de la administra pública, la fiscalía dijo que la corrupción “se utiliza un cargo público para beneficio de uno o más individuo por encima del bien de la sociedad y generaron así un perjuicio millonario al erario público».

Para fortalecer el planteo que concluirá en un pedido de condena, el fiscal Mola desestimó el principal argumento de Cristina Kirchner que responde a la persecución política. “Tienden a presentar la imputación como si fuera una incorrecta judicialización de hechos políticos” acá “vemos la significación penal que hay, fue sus cargos de los que se valieron los funcionarios para concretar el plan criminal que venimos analizando”.

En este sentido dijo que “se debe desestimar la existencia del lawfare como sostuvo en su indagatoria Cristina Fernández” y fue más allá: “Queremos adelantar que el lawfare no existe, este vocablo tuvo buen marketing con el fin de desacreditar las investigaciones penales”.

Continuó analizando la tesis de Cristina Kirchner: “Es usual que cuando las personas no pueden revertir la prueba se empleen estos términos y autoproclamado perseguidos. Negar que el proceso transita el carril legal, es más bien una herramienta para amedrentar o perseguir a los magistrados para cumplir con su deber de hacer cumplir la justicia”.

A ese punto volvió minutos después el fiscal Luciani al citar un discurso del Papa Francisco: “Han llegado a autopercibirse perseguidos políticos. Un líder mundial dijo que el corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quien lo hace, persigue a quien lo contradiga. El corrupto no percibe la corrupción”.

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Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: "El lawfare no existe... es marketing para desacreditar la investigación penal", dijeron los fiscales

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