Un día antes de que Cristina Kirchner se quejara, habían ordenado una pericia en la causa por el soterramiento del Sarmiento

En el marco del expediente que busca esclarecer la presunta ruta de sobornos que la firma brasilera Odebrecht habría pagado a ex funcionarios kirchneristas para obtener el contrato del soterramiento del tren Sarmiento, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó el lunes pasado una pericia contable para lograr cuantificar el daño ocasionado al Estado. Un día después, en su discurso por YouTube, Cristina Kirchner se quejó de que la causa estaba paralizada y que la misma era «el mayor caso de corrupción». La obra, que fue licitada hace más de 16 años, continúa inconclusa.

El caso del soterramiento es inédito. Se lanzó por primera vez en 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente, y se anunció una decena de veces la puesta en funcionamiento de la obra. A 16 años, aún no se terminó. Están bajo investigación el ex ministro Julio De Vido, los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y el ex secretario de Obras Públicas, José López. También, los empresarios involucrados entre ellos Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

La obra quedó en manos del gigante brasileño Odebrecht, que enfrenta diversos procesos judiciales en diferentes países, entre ellos Argentina. En el marco de la operación Lava Jato, los dueños de la constructora admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015, para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.

El Juez federal Marcelo Martinez de Giorgi . Foto Federico López Claro

En Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones sospechosas adjudicadas a la constructora brasileña. El más importante es justamente el que investiga corrupción en el soterramiento del tren Sarmiento, una obra valuada en 3.000 millones de dólares, y adjudicada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio de 2019 la firma brasileña se fue de la obra, al igual que IECSA.

El contrato no fue rescindido pese a que la obra lleva más de dos años detenida. Desde el gobierno habían señalado a Clarín que resta una inversión superior a los 1.500 millones de dólares para concluir los trabajos, cuyo avance hasta el momento incluye desde la estación de Haedo hasta la de Liniers. Restan poco más de seis kilómetros por construir. El presupuesto es por demás oneroso.

Por ese mismo motivo, el gobierno de Alberto Fernández ordenó hace un año una auditoría cuyas conclusiones aún no fueron entregadas, para decidir como continuar con el contrato. “Originalmente la financiación era de la compañía de origen italiano, pero la gestión de Cambiemos modificó eso a financiación nacional propia. Rescindir el contrato cuesta casi lo mismo que la obra del tunelado, y se perdería lo invertido hasta el momento”, se indicó.

Con ese telón de fondo, la causa judicial avanza ahora con una pericia judicial ordenada por el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, para determinar el daño patrimonial producido en el marco de la ruta de presuntos sobornos que se encuentran bajo investigación.

El trabajo fue ordenado al Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte. Entre los puntos del oficio remitido por el magistrado se pidió un análisis de la oferta económica que formuló en su ocasión el Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS).

Fue a esa conformación empresarial a la que se le adjudicó el contrato. La justicia también ordenó que realice un orden cronológico de ese proceso de oferta, análisis de la misma por parte de los correspondientes organismos, la preadjudicación como finalmente, el otorgamiento del contrato. Esa línea de tiempo debe contar con la trazabilidad con sus correspondientes fechas, de los pagos realizados por el Estado.

El juez solicitó también que se especifique el porcentaje que esos pagos representante en función el valor global de la obra, para poder determinar si hay valores por encima de los que el contrato y los avances de obra establecían. La pericia busca establecer a cuánto asciende el precio por kilómetro de la oferta económica realizada por la empresa contratista.

En abril de 2019, Martínez de Giorgi procesó a los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal por «negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas», por presuntamente haber favorecido a las firmas ganadoras de la licitación. También por dádivas se había procesado a Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, con embargos de cinco millones de pesos.

Pero la Cámara Federal porteña anuló la resolución, y le ordenó a Martínez de Giorgi volver a analizar la situación procesal de todos los acusados. Por ello se pidió colaboración a Brasil. Por su parte, el fiscal Franco Picardi determinó la existencia de “contratos simulados”, que a la UTE integrada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa le habrían permitido girar cerca de 5 millones de dólares a la Banca Privada de Andorra. Según la investigación, ese dinero luego se habría destinado al “pago de coimas”.

Tras aquella decisión de la Cámara, el caso continúa en instrucción y en ese marco es que se ordenó este peritaje contable el lunes pasado, justo el día anterior a las críticas públicas de la vicepresidenta sobre el caso.

El martes pasado, Cristina Kirchner en su descargo tras el pedido de doce años de condena por presunta corrupción en la obra pública, por parte del fiscal Diego Luciani, apuntó a este expediente como el «mayor caso de corrupción» y en el que intervino «la empresa de Macri (que era IECSA y cuyo dueño era Calcaterra)».

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