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Tras el aval de la Corte al juicio de Vialidad, Cristina Kirchner recibe otra mala noticia judicial

Poco antes de que la Corte Suprema de Justicia rechazara todos los recursos extraordinarios con los que Cristina Kirchner buscaba detener y anular el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) pidió que los acusados, las querellas y la fiscalía realicen su ofrecimiento de prueba, como instancia previa al inicio del debate oral en el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas, donde la principal acusada es la vicepresidenta.

A cargo del TOF 7 el expediente central sobre el sistema de recaudación ilegal que se habría montado desde el ministerio de Planificación Federal, y del que participó un importante grupo de empresarios contratistas del Estado, avanza hacia el inicio del juicio oral.

La decisión administrativa se conoció justo antes del revés judicial que la Corte -de forma unánime- le propinó este martes a Cristina, con el rechazo de siete recursos extraordinarios que su defensa presentó para anular el único juicio por presunta corrupción que tiene en pleno desarrollo. Con la decisión del máximo tribunal, quedó despejado el camino para que el Tribunal que juzga a la vice desde mayo de 2019, pueda dar lectura a su veredicto a finales de este año.

El presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori, firmó la citación a juicio el caso Cuadernos. Se les pidió a todos los imputados que ofrezcan qué medidas de prueba consideran necesarias para complementar las realizadas durante la instrucción del caso realizada por fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Son 45 imputados los que comparecerán ante el TOF 7 cuando se fije la fecha de inicio del debate oral. La principal acusada es Cristina Kirchner: fue enviada a juicio como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales” -es decir sobornos- y se le atribuyeron 27 hechos de cohecho pasivo.

Junto a la vicepresidenta, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores de la asociación ilícita Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, y como miembro de la asociación el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios, entre ellos Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero y Enrique Pescarmona, entre otros, todos acusados sólo de pagar coimas.

A todos los acusados se les pidió que ofrezcan ante el TOF 7 medidas de prueba que, si los jueces aceptan producir, se realizarán antes del inicio de las audiencias orales. Junto con eso, se considerarán los testigos que cada abogado defensor, las querellas y la fiscalía quieran que sean citados.

Recién después el Tribunal estará en condiciones de fijar una fecha de inicio del juicio. En Comodoro Py, fuentes del caso no arriesgan aún cuándo podría ocurrir esto, teniendo en cuenta que el próximo es un año electoral.

El 27 de abril pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dispusieron un refuerzo de personal para el TOF 7, mediante la resolución 662/2022.

Esa habilitación se dio después cinco pedidos del TOF 7 al máximo tribunal, para poder imprimir mayor celeridad al caso Cuadernos, que no habían tenido respuesta.

Mientras, el mayor trabajo que se hace es la digitalización de documentación que por ahora se guarda en contenedores a la intemperie. Hay que recordar que el 1 de agosto de 2021 se cumplen cuatro años desde que se inició el expediente.

Los Cuadernos de las Coimas fue calificada por los investigadores como el caso de mayor envergadura en materia de corrupción en la historia de la justicia argentina.

El puntapié inicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido,- quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de bolsos con dinero presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción -entre otras- pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.

Según estableció la justicia, el sistema funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho.

«El sistema estribaba básicamente en una serie de ‘puntos fijos de recaudación’, en los cuales se reunían los funcionarios con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense«, detalla la acusación final que deberán afrontar los imputados en el juicio.

Desde que inició la investigación, el expediente completó 220 cuerpos, que guardan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: 31 testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.

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Uno de los hijos del juez Bento declaró en la causa por coimas y enriquecimiento ilícito

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