Tenaris acordó pagar U$S 9,5 millones para cerrar una causa en Estados Unidos

Planta de Tenaris en Bay City, Texas, Estados Unidos.

El escándalo de corrupción revelado por las anotaciones del chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, y conocido como los Cuadernos de las Coimas tuvo un nuevo capítulo, pero en los Estados Unidos. Allí, la empresa trasnacional argentina Tenaris y su CEO, Paolo Rocca, acordaron con accionistas extranjeros el pago de 9,5 millones de dólares para cerrar todas las demandas legales iniciadas a causa de la caída del precio de esas acciones en Wall Street cuando se publicó que Rocca y su firma Techint eran investigados por la justicia argentina.

Este jueves, Rocca y Tenaris -la empresa del grupo Techint que cotiza en la bolsa estadounidense- acordaron de forma preliminar con dos grupos de inversores para compensar esas pérdidas.

Aunque las expectativas de los demandantes eran de lograr un resarcimiento superior a los 236 millones de dólares, el tiempo de los trámites y apelaciones previas, y los gastos que esa burocracia hubiesen causado, convencieron a los accionistas de aceptar un pago sensiblemente menor.

Fuentes vinculadas a la empresa señalaron que el acuerdo prevé que “la conciliación no implica admisión de responsabilidad de ningún tipo” y que la empresa “Tenaris confiaba en todo momento que prevalecerían en el proceso contra una demanda carente de fundamentos. Sin embargo, como los costos de litigar en EE.UU. son altísimos y no se recuperan de los demandantes, Tenaris concluyó que el costo de litigar durante años superaría con creces el valor acordado”.

En agosto de 2018, Rocca y dos de sus directivos de máxima confianza -Luis Betnaza y Héctor Zabaleta- fueron acusados cuando el juez Claudio Bonadio avanzó en la investigación que venía llevando adelante junto al fiscal Carlos Stornelli.

En ese momento, fueron apresados todos los empresarios que aparecían en las anotaciones de Centeno como protagonistas de alguna entrega ilegal de dinero a Baratta. Con el correr de los meses, esa maraña de datos, cifras y circuitos de sobornos se fue clarificando, en parte por el trabajo judicial y en mayor proporción aún por las masivas confesiones de muchos acusados, convertidos en imputados colaboradores.

Betnaza y Zabaleta admitieron un pago en cuotas por un total de un millón de dólares en 2008, pero no para obtener contratos o hacer algún negocio, sino -dijeron- para que el gobierno de Cristina Kirchner intercediera ante la Venezuela de Hugo Chávez por la estatización de la empresa SIDOR, una siderúrgica de Tenaris.

El motivo de esa negociación era salvaguardar la seguridad del personal de SIDOR en Venezuela, y garantizar el regreso a la Argentina de los directivos y empleados nacionales que trabajaban allí.

En su indagatoria, Rocca declaró que no conocía la operación pues Zabaleta tenía autonomía para disponer de dinero a pedido de Betnaza.

El 27 de noviembre de 2018, Bonadio procesó sin prisión preventiva a Rocca por asociación ilícita y cohecho activo.

Esa noticia derrumbó las acciones de Tenaris en Wall Street, que cayeron casi un 10 por ciento. El 5 de diciembre, los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención de Rocca. Las acciones siguieron perdieron otro 5% en Nueva York.

Una semana después, el 12 de diciembre, un grupo de inversionistas presentó una demanda contra Rocca y Tenaris, entre otros, a la que luego se sumaron otros demandantes. Esos reclamos fueron unificados en abril de 2019, bajo la conducción del estudio de abogados Glancy Prongay & Murray LLP. 

Para justificar el pedido de un resarcimiento económico millonario, los accionistas acusaron a Tenaris de haber mentido y omitido información en su código de ética, en su código de conducta y en los formularios certificados que presentaba ante la SEC -autoridad regulatoria de Wall Street- en los que garantizaba la transparencia y legalidad de todas sus operaciones.

Como todas las empresas que cotizan en Nueva York, en sus declaraciones anuales Tenaris les decía a sus inversores que cumplía con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y con la Convención Anticohecho de la OCDE. 

El juez Raymond J. Dearie, del distrito este de Nueva York, habilitó la continuidad del caso contra Tenaris y Rocca, basado en datos contenidos en la demanda, sobre sus supuestos contactos con el gobierno argentino para tratar de influir sobre Chávez por el caso SIDOR.

“Aceptando que esto es verdad, es plausible inferir que Rocca jugó algún papel en el presunto esquema de corrupción”, convalidó el magistrado.

En agosto de 2021, Rocca, Betnaza y Zabaleta lograron su sobreseimiento firme.

Sin embargo, esa noticia no torció el rumbo del proceso en Estados Unidos, donde se está juzgando un caso civil de fraude financiero. Según el juez Darie, si se pone “el foco en la ausencia de alegaciones de que Rocca personalmente pagó o autorizó sobornos, es equivocado. Para afirmar el dolo de Rocca, la demanda solo tiene que alegar que él conocía hechos que ‘sugerían’ que las declaraciones públicas de Tenaris eran inexactas”.

Con varios intentos fallidos de cerrar el caso, en agosto de 2022 comenzaron las negociaciones extrajudiciales que terminaron con el acuerdo que el nuevo juez interviniente, Kiyo Matsumoto, aceptó en forma preliminar.

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