Sumados, Lázaro Báez obtuvo 63 años de gracia para terminar obras que terminó abandonando

Cuando Cristina Kirchner fue enviada a juicio oral por la presunta corrupción en la obra pública, la acusación sostuvo que hubo un conjunto de irregularidades que funcionaron como engranajes de una maquinaria “institucionalizada para favorecer a Lázaro Báez”. la fiscalía señaló al menos, siete irregularidades. Una de ellas fueron las modificaciones de obras: “Sumados los de cada contrato, le otorgaron 760 meses de prórrogas, más de 1.500 millones de pesos bajo este artilugio”, denunció el fiscal Diego Luciani durante los alegatos de este sistema. ¿El agravante? 24 de esas obras, prolongadas en el tiempo, nunca se terminaron.

En el esquema supuestamente delictivo que repasó la fiscalía durante el alegato expuesto este lunes por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, uno de los puntos centrales fue la sucesiva modificación de plazos y de costos en las obras que “ya de forma irregular le adjudicaron a Báez”.

Recordemos, entre 2003 y 2015 el Grupo Austral obtuvo 51 contratos por 46.000 millones de pesos. Entre las objeciones a los procesos licitatorios se señaló la presencia de varias constructoras de Báez en una misma licitación ofertando por ínfimas diferencias de dinero, la adjudicación de obras por encima de la capacidad técnica del Grupo Austral (tenía capacidad anual de obras por 72,3 millones de pesos, y le llegaron a otorgar 2.396 millones de pesos).

Otra de las anomalías fue la designación de un inspector para controlar 34 obras viales que se realizaban en forma simultánea. Además de la poca capacidad de recursos para que Báez cumpliera con todas las obras, también se evaluó  «la celeridad» con la que el Grupo Austral ganaba obras y en en cuántos días cobraba los anticipos: un promedio de 38 días contra los 210 días que esperaban otros contratistas.

El Ministerio Público Fiscal señaló que una de las formas en las que se generó “un enorme y millonario perjuicio a las arcas del Estado fue la prolongación en el tiempo de las obras asignadas al grupo Austral, y el aumento de los costos de las mismas”.

Estas modificaciones de obras -una de las “herramientas de beneficios y direccionamientos de los contratos”- fueron utilizadas en 39 obras de las 51 licitaciones, según resaltó el fiscal Luciani.

“La excepción se convirtió en regla, al modificar constantemente los plazos y montos de obras”, explicó la fiscalía al citar que la ley de contrataciones contempla las modificaciones en los contratos pero con ciertos requisitos como excepcionales y topes. Por ejemplo, los aumentos “no pueden superar el 20% del costo inicial”, pero con Lázaro Báez “eso no se tuvo en cuenta, y vimos casos donde se autorizó una modificación por encima del 70%”.

Cuando las modificaciones de los costos superaba el porcentaje impuesto por la ley, según indicó la fiscalía, correspondía que se convoque a un nuevo llamado a licitación “para otorgarlo a un mejor oferente. Pero nunca pasó, a Báez nunca se le quitó una sola obra pese a no cumplir nunca con los plazos”.

Este sistema de beneficios fue posible porque en Santa Cruz, desde 2004, se aplicó la ley provincial de obra pública, “que incluyó una excepción, aprobar modificaciones de obra que superaran el 20%, que es el techo que estipula la ley nacional de obra pública”. Pero la ley provincial “no debía regir porque se trataba de obras financiadas por el Estado nacional”, dijo Luciani.

«Este modus operandi -explicó el fiscal- le permitió al Grupo Austral obtener 760 meses de prórrogas para la finalización de las obras, generando un enorme daño porque se acrecentaban los plazos año tras año, y las obras no se terminaban nunca”.

Esa demora equivalía a casi 64 años otorgados a Lázaro Báez para terminar los contratos adjudicados. 24 de las 51 obras fueron abandonadas en diciembre de 2015, cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.

La fiscalía expuso otra cifra: “Este artilugio le permitió al grupo obtener con modificaciones de obras, más de 1.500 millones de pesos”.

Plazos tergiversados

Todos los plazos que iban prorrogándose “generaban un mayor daño al erario público, porque avalar el atraso de la obra era aprobar también un costo mayor de los contratos”, dijo la fiscalía.

Los procesos administrativos de modificaciones para nuevos plazos de obras, la incorporación de nuevos trabajos y la ampliación sus costos, “se hicieron con un solo funcionario ad referéndum, en vez de utilizar un cuerpo colegiado que analice los cambios pedidos por la empresa. Una vez más vemos un sistema puesto a disposición para favorecer a Báez”, dijo Luciani.

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