En los argumentos de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad hay un par de citas a una investigación clave que tramitó en Bahía Blanca y que tiene aún en la mira a Lázaro Báez. Se trata de la que lo vinculó con «usinas» de esa ciudad, que habrían aportado las facturas truchas para disimular sobrecostos de obras públicas, probados en la causa Vialidad Nacional.
Mientras la causa contra dos grupos empresarios fue elevada a juicio en Bahía Blanca, la responsabilidad de Báez pasó a investigase solo en el Juzgado Penal Económico de Javier López Biscayart, tras un polémico fallo. Utilizando argumentos del defensor del allegado a los Kirchner, la Cámara Federal bahiense desprocesó el año pasado a Lázaro, como organizador de la asociación ilícita.
En otra decisión polémica, el fiscal Gabriel González Da Silva descartó cualquier freno a esa investigación por parte de Alejo Ramos Padilla durante su interinato en la ciudad. Estuvo al frente del Juzgado Federal 1 bahiense entre junio de 2015, cuando lo envió la mayoría K del Consejo de la Magistratura y diciembre del mismo año, al renunciar tras el triunfo de Mauricio Macri.
Como “una cuestión de criterio” definió el fiscal la gestión de Ramos Padilla, en la que se priorizaron causas de derechos humanos, sobre otros expedientes. Incluidos, dos que vinculaban a Báez con tres «usinas» bahienses y que había comenzado a investigar en 2014, por denuncia de la AFIP, el juez Santiago Ulpiano Martínez, a quien reemplazó el ex juez de Dolores.
“Inexistencia de delito” argumentó también el fiscal González Da Silva que subroga ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, para decretar el sobreseimiento de Ramos Padilla en ese punto, aceptado sin más el mes pasado por el actual titular del Juzgado Federal 1 Walter López Da Silva. Fue este juez quien delegó en el fiscal el expediente, que se investigó desde 2019.
Todo se había iniciado con un sumario administrativo abierto por el propio Ramos Padilla, apenas arribó a Bahía Blanca. Lo hizo con un grupo de colaboradores que llegó y volvió con él a Dolores tras la intervención. En ese lapso de seis meses, también contó con empleados aportados por el Consejo y la Procuración de Alejandra Gils Carbó, ante quien juró González Da Silva.
En el sumario, algunos empleados locales del juzgado dijeron que, al asumir, Ramos Padilla pidió las causas de las «usinas» y que, al cabo del interinato, apenas si le sumó algunas fojas. Sin embargo, González Da Silva, no halló elementos que probaran que el desempeño del juez interino “hubiera estado orientado exclusivamente al entorpecimiento” de las causas y «para beneficiar a los imputados de ambas” como se desprendía del sumario.
Al mismo tiempo, González Da Silva, actual cotitular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos Relacionados con Armas de Fuego (UFIARM), había pedido el sobreseimiento de Ramos Padilla y dieciséis colaboradores por abuso de poder, maniobras amenazantes y aprietes. Empleados estables del Juzgado Federal 1 bahiense dijeron haber vivido como una “intervención política” la subrogancia de la segunda mitad de 2015.
Dos oficiales mujeres contratadas relataron que sufrieron “presión psicológica y aprietes”, bajo la amenaza de que si no cumplían, no les renovarían el vínculo laboral. Responsabilizaron por las “situaciones intimidantes” a “gente extraña” del juzgado, en referencia a los varios colaboradores que llegaron con el juez.
Dos de ellos, Melina Rodriguez y Gustavo Puppo, aun aspiran a sucederlo en el juzgado federal de Dolores que Ramos Padilla dejó para ocupar el estratégico juzgado 1 de La Plata con competencia electoral en toda la provincia. Ambos, muy cercanos al juez, evitaron así una mancha en sus antecedentes, con los sobreseimientos que, al igual que en el caso de las usinas truchas, fueron dispuestos por López Da Silva, sobre la base de los argumentos del fiscal.
“Los cuestionamientos efectuados por los funcionarios y empleados a las decisiones sobre la gestión del juzgado, dan cuenta de una disconformidad con el contenido o, en algunos casos, una animosidad hacia el decisor puesto que, contrariamente a lo declarado, no se hallaron actuaciones ilegitimas” había dictaminado González Da Silva.
“Consulten en la fiscalía porque esa causa se tramitó íntegramente allí” se limitaron a responder en el juzgado federal 1 ante una consulta de Clarín sobre el contenido del fallo de magistrado. Otra fuente, con acceso al despacho de López Da Silva y conocimiento del expediente, analizó el dictamen de González Da Silva.
“El fiscal admitió que pudieron haber irregularidades administrativas pero que por ese tema el Consejo de la Magistratura ya había resuelto que tampoco había responsabilidad del juez” explicó el vocero. A su criterio, el fiscal “descontextualizó” los supuestos aprietes que se encadenaron en apenas unos pocos meses de aquel 2015, último año del gobierno de Cristina Fernández.
“No tuvo en cuenta el modo absolutamente inusual e inédito en que ocurrieron y que no puede explicarse sin el apoyo institucional recibido por parte de la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura” agregó. El fiscal mencionó que, tras los primeros allanamientos a las empresas vinculadas a Báez, comenzó una serie de acciones contra el juez Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno que, al tiempo, debió pedir una licencia.
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