Siguen los alegatos y avanzan con la indagatoria de los ex gobernadores sospechados en la corrupción K

Mientras la Fiscalía avanza hacia su pedido de condena en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, el tramo del expediente que aún se encuentra en instrucción y que se concentra en las autoridades provinciales, se encamina a un pedido de indagatoria por parte del juez Julián Ercolini para que los ex gobernadores santacruceños Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta expliquen la estructura que funcionó en beneficio de Lázaro Báez.

Este lunes continuarán los alegatos centrados en las irregularidades que detectaron alrededor de las 51 licitaciones que se adjudicaron al Grupo Austral.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron el viernes pasado el análisis de las 51 obras viales que ganó Lázaro Báez durante el período en el que se desarrollaron las tres presidencias kirchneristas. El Estado nacional fue el único cliente de Austral Construcciones, la firma insignia del ex socio comercial de Cristina Kirchner y como un fin de ciclo, dejó de operar en diciembre de 2015.

Durante dos audiencias el Ministerio Público Fiscal analizó contrato por contrato, para exponer en base a qué entienden que hubo un «direccionamiento de los contratos a favor de un solo grupo económico». Con el transcurrir de los años, el sistema que la fiscalía definió como una «estructura de corrupción», funcionaba cada vez mejor. El fiscal Diego Luciani amplió la idea y dijo: «Lázaro Báez no tenía que hacer el mínimo esfuerzo para ganar, sólo presentarse con tres de sus empresas, ni siquiera tenía que hacer la mejor oferta, iba a ganar de todos modos».

Recorriendo de forma cronológica y obra por obra, la fiscalía analizó las diversas irregularidades detectadas en los procesos licitatorios. Se habló en este punto de un «modus operandi de corrupción«: competían las empresas del holding juntas, ofertaban por encima del 20% del presupuesto oficial, nadie las impugnaba, no contaba con certificados de capacidad de obra, presentaba al mismo representante técnico, se modificaban los costos y los plazos de obra, la ruta no se terminó, hubo sobrecostos y finalmente, Báez abandonó 24 de esos trabajos.

Junto a lo que denominaron como un «sistema de cartelización y contratos amañados», se expuso un circuito de irregularidades administrativas: la publicación de la obra se realizaba con pocos días (favoreciendo que sólo se presente Báez), el Grupo Austral compró pliegos antes de que se hagan públicos, la comisión evaluadora analizaba las ofertas del holding en 24 horas, se pagaban anticipos del 30%, entre otros trámites omitidos que permitieron otorgar obras a una empresas “sin capacidad de construcción”.

Cristina Kirchner y Lázaro Báez en Río Gallegos.

Este lunes los alegatos continuarán, las obras viales seguirán en el centro de la exposición de la fiscalía bajo la idea de que «los expedientes hablan» y «leerlos revelan todos los beneficios otorgados al amigo del ex presidente». De cara a las demás audiencias, Luciani y Mola no dejarán de analizar los vínculos comerciales que unieron a los Kirchner y a Báez, como también otra de las irregularidades: los sobreprecios detectados en las obras.

De forma simultánea, el juez Julián Ercolini (que envió a Cristina Kirchner a juicio en este caso), avanza con el caso conocido como «Obra Pública II», el tramo conexo que se ocupa de todas las autoridades provinciales que contribuyeron a que ese «esquema de beneficios no se interrumpiera y careciera de todo tipo de controles».

Ante el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, de que sean citados a indagatoria Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, los ex gobernadores de Néstor y Cristina Kirchner, el juez Ercolini firmará el llamado a indagatoria que incluye además a ex ministros de Economía y fiscales de Estado que en conjunto aprobaron los contratos que recibió Lázaro Báez.

La citación a indagatoria, según fuentes judiciales, se concretará antes de que concluya el juicio que tiene a la Vicepresidenta sentada en el banquillo de los acusados.

Con el juicio oral transitando sus instancias finales, el juez Ercolini avanza sobre las responsabilidades provinciales que permitieron que Báez reciba contratos por 46.000 millones de pesos con presuntos sobreprecios del 65% y dejando inconclusas la mitad de las obras.

Cristina y Néstor Kirchner, junto al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, y el ex secretario José López, en 2010

Cristina y Néstor Kirchner, junto al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, y el ex secretario José López, en 2010

La estructura bajo investigación que se comienza a concentrar en las responsabilidades provinciales, sostiene que dicha asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner, «seleccionó a Santa Cruz, como el lugar en donde se ejecutaría la matriz de corrupción». Este mismo concepto fue reiterado por el fiscal Luciani. Para que esto funcione, se puso en marcha una «maquinaria eficaz, con beneficios exclusivos y permanentes», para direccionar y «sustraer fondos del Estado».

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, entendieron que la estructura que funcionó a nivel nacional, requirió de un estado provincial que obró de forma coordinada, «con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo por más de diez años para favorecer al Grupo Báez».

Las responsabilidades apuntan a los ex gobernadores de Néstor y Cristina Kirchner. Todos ellos, Acevedo, Sancho y Peralta junto a sus ministros de Economía, «contribuyeron al plan criminal» que inició en el “Estado nacional».

Néstor Kirchner junto a Carlos Sancho y a Sergio Acevedo.

Néstor Kirchner junto a Carlos Sancho y a Sergio Acevedo.

De las más de 50 contrataciones analizadas, el 92% tuvieron a Vialidad Provincial en carácter de comitente. Allí, se acordaba la realización de determinadas obras bajo financiación y supervisión nacional pero «delegando la licitación, adjudicación e inspección del avance de las obras en la entidad provincial». Inyectaron los ex funcionarios unos $ 1.800 millones de forma directa al Grupo Austral en 3 años.

Se indicó que fue necesario que la «matriz de corrupción instaurada a nivel nacional se replicara en el ámbito provincial», en donde los ex gobernadores desde 2003 a 2015 «contribuyeron, por acción u omisión, en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de obras viales al Grupo Báez».

Acevedo, Sancho y Peralta, para los fiscales «fueron gestores» con una estructura propia que desde las partidas presupuestarias «destinaba fondos al Grupo Austral». Sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, también fueron responsables.

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