Se fue el director nacional de los Registros del Automotor, tras el ajuste que anunció el Gobierno de Milei

Sólo dos meses duró en su cargo al mando de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA). El abogado Rodrigo Puértolas, quien nunca había sido oficializado en esa posición, pero cumplía funciones, se fue en las últimas horas disconforme con el ajuste que anunció el Ministerio de Justicia, con el cierre del 40% de los registros, entre otras cosas.

Así lo confirmaron fuentes del sector registral a la agencia Noticias Argentinas, que a la vez advirtieron que en las últimas semanas renunciaron ya decenas de encargados e interventores de Registros por el ajuste que decidió aplicar el Gobierno de Javier Milei en la actividad.

Puértolas nunca fue designado oficialmente como director nacional, pero se desempeñaba en esa función desde marzo, a la espera de que el Poder Ejecutivo lo formalizara en el cargo. Había desembarcado en el Ejecutivo con el impulso de Santiago Caputo.

Sin un nombramiento formal, el abogado terminó siendo director nacional en los hechos y las resoluciones oficiales quedaron a cargo de dos funcionarios históricos del organismo: Mónica Cortes y Martín Pennella. Así se podía ver en las firmas de las resoluciones del Boletín Oficial.

Funcionario de Alberto Fernández en la gestión anterior, Puértolas no forma parte de La Libertad Avanza. Proviene del PJ porteño y había apoyado la candidatura presidencial de Sergio Massa. De hecho, estaba a cargo de Proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUSE), un organismo del Ministerio de Economía.

La sigla DNRPA significa Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y es el organismo que regula la Revisión Técnica Obligatoria.

La decisión del Gobierno de reducir en un 40% la cantidad de Registros del Automotor que operan en el país, sumada a que desde octubre los encargados de esas oficinas no reciben aumento en sus ingresos -inclusive para solventar los gastos de la actividad- provocó que varios de ellos hayan presentado su renuncia en las últimas semanas, de las cuales solo algunas fueron aceptadas hasta el momento.

Quienes todavía no renunciaron, presentaron amparos y otros recursos judiciales para intentar que el Gobierno, finalmente, autorice una mejora en los ingresos (conocidos como «emolumentos») de los Registros, que si bien son organismos públicos, su gestión está en manos privadas.

Por caso, la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA), presentó un amparo con la firma de 77 encargados e interventores de todo el país, para que se declare «la nulidad de la Resolución 2024-133-APN-MJ», que frenó la actualización de ingresos.

Además de reducir la cantidad de Registros, la Casa Rosada, a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció su intención de despedir al 30% del personal de la DNRPA.

El Ministerio de Justicia informó que la determinación se tomó luego de recibir el «resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos».

En paralelo, el Ejecutivo difundió una serie de nuevas normativas: la eliminación de la cédula azul, la eliminación del vencimiento de la cédula verde, la digitalización de los legajos, la liberalización de la compra de insumos (hasta ahora sólo a través de la Casa de la Moneda) y cambios en la declaración de fondos para declarar ante la compra de un vehículo.

A principios de este mes, después de que el Gobierno anunciara el cierre del 40% de los registros del automotor, el gremio del sector anunció un cese de actividades que se produjo finalmente el lunes 6 de mayo en todos los registros del país.

«En virtud de lo expuesto públicamente, concerniente al cierre de un porcentaje de RR.SS (Registros Seccionales), los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los RR.SS que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia y DDHH convoque al diálogo a nuestros encargados», rezaba el comunicado que publicaron los «trabajadores registrales organizados».