Pese a la presión K, la oposición frenó una decena de proyectos en Diputados

Son de alto contenido político y tienen escasas chances de ser tratados. Desde la reforma judicial, del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, hasta la renta inesperada.

La Cámara de Diputados se convirtió para la agenda legislativa de Cristina Kirchner en una barrera o un muro difícil de atravesar y, por eso, el Frente de Todos debe ajustarse a sesiones consensuadas con la oposición que incluyen temarios de bajo contenido político y con más orientación social.

Tras la aprobación del Presupuesto 2023, proyecto que fue modificado en más de la mitad, la Cámara baja optó por sesiones light, dejando de lado tanto iniciativas que empujaba la vicepresidenta como aquellos reclamados por el Gobierno, que quedaron cajoneados y a punto de perder el estado parlamentario.

Primero fue la Reforma de la Justicia Federal, el proyecto promocionado por Alberto Fernández que ingresó en julio de 2020, obtuvo la media sanción del Senado en agosto del mismo año y nunca se trató en Diputados, perdiendo estado parlamentario. La propuesta, que no atendía las exigencias de la vicepresidenta, preveía la duplicación de los doce juzgados del fuero federal porteño que investigan causas por corrupción en la administración pública nacional, narcotráfico y trata de personas, entre otras, mediante su unificación con el fuero penal económico.

Luego vino la Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que también fue aprobada por el Senado (noviembre de 2020) y que en mayo de 2021 obtuvo dictamen de comisión de Diputados, pero tampoco llegó al recinto.

A diferencia de la reforma judicial, este proyecto generaba un poco más de ruido en la oposición porque relajaba las mayorías parlamentarias exigidas tanto para la designación como para la remoción del procurador general.  También limitaba a cinco años el mandato del procurador y se habilitaba una mayor injerencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento en funciones propias del Ministerio Público. 

Otro de los proyectos K que se frustraron es la reforma del Consejo de la Magistratura. La propuesta fue aprobada en abril de este año por el Senado, pero en Diputados sólo pasó la reunión informativa, a la que asistió el ministro de Justicia, Martín Soria, en junio.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo venía a atender una demanda del fallo que había declarado inconstitucional la ley que regulaba el organismo. En sí promovía una ampliación del Consejo de 13 a 17 el número de integrantes y creaba cuatro regiones federales en el seno del organismo.

Sin duda, uno de los proyectos que más empujó la vicepresidenta fue la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que también sumó el acompañamiento de un grupo de gobernadores peronistas. Fue aprobado en septiembre por el Senado y hasta el momento no fue tratado en la Cámara baja y es casi imposible que pueda avanzar en este período legislativo.

Los proyectos que promueven la eliminación de las PASO o que prevén sanciones penales más graves para los denominados «discursos de odio», impulsados tras el ataque a la vicepresidenta, tampoco aparecen en la agenda parlamentaria pese a las presiones del oficialismo.

Los proyectos económicos que no pasan en Diputados

También hay otras iniciativas que carecen de posibilidades de ser debatidas en Diputados, como el «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional», que también cuenta con la media sanción del Senado y tiene dictamen de comisión de la Cámara baja.

El proyecto plantea la creación de un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de blanquear esos capitales a cambio de una multa del 20 % de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%. Juntos por el Cambio lo rechazó, porque «sería un nuevo blanqueo del Gobierno».

La ley para gravar la Renta Inesperada, que promueve la creación de un impuesto a los ingresos extraordinarios de las empresas, también está estancada en la Cámara baja. Fue enviada en junio y reclamada recientemente por el Gobierno.

Desde el bloque oficialista estaban en conversaciones con sectores de la oposición para la inclusión del proyecto en una de las sesiones de fin de año, pero la presión pública del Gobierno hizo caer las negociaciones.

La ley de Agroindustria es otra de las propuestas que reclama el oficialismo y que no logra avanzar. Apunta a consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones y proyecta la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo hasta 2030.

Dentro del paquete de leyes que busca el oficialismo está la de Compre Argentino, que obtuvo dictamen de comisión en mayo de este año, pero que no termina de cerrar la negociación el oficialismo con sectores de la oposición. Mediante esta norma, el Gobierno apunta a promover la mayor participación de la producción nacional en las compras públicas y estimular procesos de innovación.

Por último, otro proyecto impulsado por el kirchnerismo es el plan de pago previsional. Un proyecto que viene a reemplazar y ampliar la actual moratoria, ya que incorpora a los hombres en edad de jubilarse. Desde el bloque que preside Germán Martínez ya avisaron que hasta que no estén garantizados los votos la ley no será tratada.

Hasta el momento sólo hubo una reunión de la Comisión de Previsión Social y la oposición expresó sus diferencias con la iniciativa, por el impacto que tendría en el sistema jubilatorio. Fernanda Raverta, titular de la ANSeS, le quiso dar un impulso, dado que la moratoria que está vigente vencerá el 31 de diciembre.

A diferencia de lo ocurrido durante la gestión de Martín Guzmán, la propuesta tiene el acompañamiento de Sergio Massa, quien explicó que «no es una moratoria tradicional sino que es un plan de pagos con regularización de activos».

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