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Otro fallo judicial polémico: suspenden el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires

Un juez de la Ciudad ordenó suspender el sistema de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los dispositivos de vigilancia que se implementaban para la captura de prófugos. El magistrado es Roberto Gallardo, que ya había tomado decisiones controvertidas en relación a las autoridades porteñas.

Gallardo ordenó «al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello merme de ninguna manera los restantes sistemas de videovigilancia (monitoreo urbano), preventivo y forense», señala el fallo.

Desde el Gobierno porteño aclararon que el sistema se encontraba suspendido desde el inicio de la pandemia del coronavirus, ya que no funciona con el uso masivo de barbijos.

En ese sentido, el fallo ya precisaba que la «presente decisión no implica un menoscabo en el servicio de seguridad pública, dado que el sistema de reconocimiento facial de prófugos se encontraría inactivo por decisión del Poder Ejecutivo local y que lo aquí decidido no altera los sistemas vigentes de videovigilancia».


Reconocimiento facial. Rastrearan a profugos y personas buscadas con un sistema de reconocimiento facial Reconocimiento facial

La decisión del Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 fue en respuesta a una acción de amparo solicitada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.) y que recibió el apoyo del CELS. Aseguraban que el sistema no solo contaba con información de los prófugos, sino que el RENAPER le había entregado al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad datos de otras personas, «para propósitos cuya base legal no está clara».

En otro punto, el juez Gallardo ordenó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria realice una serie de allanamientos en el Centro de Monitoreo Urbano y en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, encabezado por Marcelo D’Alessandro, además del secuestro de datos y equipamiento técnico. Y abre un período de 10 días para periciar la información obtenida.

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D’Alessandro desligó al sistema de reconocimiento facial para prófugos del convenio con el Registro Nacional de las Personas. En diálogo con Clarín, remarcó que las «10 millones» de consultas al RENAPER son parte de una tarea rutinaria: «Un control de tránsito, en una denuncia, si pedís certificado de domicilio o el certificado de circulación Covid, en todos esos casos se consultaba al RENAPER».

Además, dijo que Gallardo armó «una gran ensalada» y apuntó al Gobierno nacional: «Quiere a los delincuentes prófugos».

El reconocimiento facial de prófugos fue lanzado a fines de abril de 2019, como una herramienta a para «dar más seguridad a los vecinos», dijeron en aquel momento fuentes de la Ciudad.

Tras dos años de actualización de las cámaras, el sistema funcionó en 300 de las 7.000 cámaras instaladas en zonas transitadas de la vía pública, así como en las principales estaciones y combinaciones de subtes.

«Cuando se encuentra a una persona con pedido de captura en la vía pública se le envía una notificación al personal policial para que la busque y sea detenida», explicaron su funcionamiento.

Su implementación generó críticas en algunos sectores, que pidieron que dejara de estar vigente. En una de las presentaciones más recientes, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.), asociación civil sin fines de lucro, presentó un amparo para «detener» el sistema. Si bien inicialmente fue rechazado, una nueva presentación fue la que disparó el fallo de Gallardo.

Impulsaron esa acción de amparo después de pedir información sobre cómo se aplica el sistema y, según sus palabras, recibir apenas «una respuesta parcial». También cuestionaron detenciones erróneas en otros puntos del país.

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En las últimas semanas, con la ola de protestas y piquetes en la Ciudad, ya se había reflotado la polémica por el uso del sistema. Incluso hubo otro fallo que rechazó la presentación de una asociación civil.

La demanda fue interpuesta por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) por la supuesta «inconstitucionalidad» de los dispositivos de reconocimiento facial en la vía pública. El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó esa presentación a fines de marzo.

Las controversias del juez Roberto Gallardo

Antes de este fallo, el siempre polémico juez Gallardo ya había firmado resoluciones que lo enfrentaron con el Gobierno de la Ciudad.

En febrero de 2021 citó a declarar a Soledad Acuña, ministra de Educación, y a Fernán Quirós, de Salud, para que le dieran a conocer los protocolos contra el Covid en las escuelas tras un amparo presentado por un líder sindical.

El juez Roberto Gallardo y sus polémicos fallos.

El juez Roberto Gallardo y sus polémicos fallos.

Sucedió en pleno cruce entre Nación y Ciudad por el regreso a las clases presenciales, una discusión que tres meses más tarde zanjó la Corte Suprema a favor de las autoridades porteñas.

En aquel momento, el Gobierno de la Ciudad decidió recusar al magistrado, por su «manifiesta parcialidad» y «sus claras intencionalidades políticas que sus fallos históricamente han traído aparejados».

Su historial contra los funcionarios porteños se remonta a la época en que Mauricio Macri era jefe de Gobierno. En 2006 también clausuró el predio de La Rural, ordenó que se le pagara un subsidio a los cartoneros y dio instrucciones para procedimientos en uno de los barcos del Casino de Puerto Madero, pese a ser un territorio federal.

El texto completo del fallo

DS

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