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Magistratura: Cristina Kirchner y Sergio Massa demoran los nombramientos y quedan al borde de incumplir un fallo de la Corte

A tres días del vencimiento del plazo fijado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a sancionar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura o volver a su integración original de 20 miembros, el oficialismo del Senado, conducido por Cristina Kirchner -que desde el inicio calificó de «inconstitucional» esa resolución- ya adelantó que no designará a otro representante, hasta que no salga la nueva ley. En Diputados, Sergio Massa planea reunir el lunes a los jefes de bloque de la oposición para «resolver cómo seguir». Pero si algo faltaba para sumar más tensión en este tema de máxima importancia institucional, este martes el juez federal de Paraná aceptó un amparo presentado por un diputado oficialista y les prohibió a Cristina y a Massa designar a los nuevos consejeros.

El fallo que el Máximo Tribunal emitió en diciembre estableció que si el 15 de abril no había una nueva ley, el Consejo de la Magistratura tenía que volver a su composición anterior -la que fijo la ley de 1997- con 20 consejeros y el presidente del Máximo Tribunal -hoy Horacio Rosatti– al frente del organismo.

La semana pasada el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo, pero en Diputados no llegan a a votarlo antes del viernes. Por eso, el lunes debería entrar en vigencia la vieja composición, y para eso el Congreso tiene que designar dos consejeros más: un diputado y un senador. Según aseguran en Juntos por el Cambio, esos consejeros le corresponden al radicalismo.

Desde la Cámara Alta, el senador Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina, confirmó que no se hará ninguna designación porque eso sería «convalidar» el fallo, al que consideran un «un golpe institucional».

¿Qué va a pasar el lunes, entonces? «El lunes no debería pasar nada, salvo que la Corte al estilo Rambo consume un golpe institucional y asalte por la fuerza al Consejo», aseguró Parrilli en diálogo con Clarín. Según informó este diario, en el máximo tribunal no quieren anticipar qué hará si no se cumple con su fallo.

El kirchnerismo plantea que la Corte tiene potestad para declarar inconstitucional la reforma de 2006 -aunque ellos no estén de acuerdo- pero que de ninguna manera tiene facultad para restituir una ley anterior, porque eso es facultad del Congreso. «Ellos no son quiénes para legislar«, insiste Parrilli. 

La apuesta del oficialismo es forzar a que, llegado el día, los jueces del máximo tribunal extiendan el plazo para dar tiempo a la sanción de la ley.

Pero si no lo hace, el Congreso entraría en incumplimiento del fallo judicial y la Corte es el órgano más alto de la Justicia argentina. No hay dónde apelar sus decisiones, salvo en organismos internacionales fuera del país, como la Corte Interamericana o Naciones Unidas. «No lo descartamos», aseguró Parrilli a Clarín.

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En Diputados, la media sanción del Senado les llegó con apenas cuatro días hábiles para llevar adelante el tratamiento en comisiones -que no están conformadas siquiera- y votar en el recinto. Imposible.

Frente a este panorama, en el entorno del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, confirmaron que el lunes convocará a los jefes de bloque de la oposición para conversar cómo seguir. El líder del Frente Renovador también cree que la ley anterior -a la que la Corte exije volver- está derogada y que la facultad de legislar sobre estos asuntos corresponde al Congreso.

Quien lo puso en palabras públicamente fue el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. «Yo voy a seguir trabajando para que constituyamos las comisiones, pongamos en debate la media sanción del Senado y tratemos de tener una nueva ley con el mayor consenso posible. Para eso se necesita tiempo. Al parecer, la Corte no quiere concederlo. Y lo que es peor: ciertos sectores opositores parecen cómodos con esa posición», se quejó este lunes Martínez.

«Los diputados y senadores opositores que desean asumir en el Consejo de la Magistratura a partir del 15 de abril deben saber que estarán convalidando a una Corte Suprema que está asumiendo facultades legislativas. Y si pretenden asumir en el Consejo, lo estarán haciendo con una ley de 1998, derogada en 2006», agregó Martínez.

En el oficialismo recuerdan que ninguno de los proyectos de Juntos por el Cambio previos, ni siquiera el del ministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, contemplaba la obligatoriedad de que la Magistratura estuviera presidida por el titular de la Corte Suprema. Sin embargo, ahora la oposición insiste en ese punto.

Mientras tanto, el diputado oficialista Marcelo Casaretto logró que el juez federal de Paraná, Entre Ríos, Daniel Alonso, firme una «medida precautelar», con la cual impide que tanto Cristina como Sergio Massa designen a los dos nuevos consejeros. «Previo a considerar la cautelar que se requiere», dice el juez Alonso, es necesario escuchar a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, «a cuyo efecto se librará Oficio a la Señora Presidenta del Senado de la Nación y al Señor Presidente de la Cámara de Diputados, solicitando que en el término de cinco días hábiles judiciales procedan a informar a esta Magistratura respecto del interés público comprometido por la solicitud, pudiendo expedirse en el mismo acto sobre las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las constancias documentales que estimen pertinentes.» Por los feriados de Semana Santa, ese plazo vence el viernes de la semana próxima.

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Como el diputado Casaretto había argumentado en su pedido que la Corte no puede «legislar» imponiendo la vigencia de una ley que ya fue derogada -la que creó el Consejo de la Magistratura, reemplazada en 2006 por la que ahora fue declarada inconstitucional-, y que eso ocurriría el lunes próximo, el juez de Paraná dijo que «existiendo circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la protección inmediata del derecho invocado, decreto una medida interina, ordenando a la Cámara de Senadores de la Nación y a la Cámara de Diputados de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, se abstengan de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación hasta tanto se produzca el informe antes dispuesto y, en su consecuencia, esta magistratura se encuentre en condiciones de evaluar en forma definitiva los recaudos específicos de toda cautelar.»

La oposición insistirá con el cumplimiento del fallo

Desde Juntos por el Cambio insistirán en que no se puede incumplir el fallo de la Corte. «No se entiende la resistencia de Cristina Kirchner y Sergio Massa a designar miembros para que el Consejo pueda seguir funcionando hasta que se sancione una nueva ley», señaló a Clarín el diputado PRO y consejero de la Magistratura, Pablo Tonelli. «Si no cumplen, será un alzamiento institucional», agregó.

«No vamos a permitir que los presidentes de las Cámaras del Congreso repitan lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando incumplió el fallo de la Corte por el caso del Procurador Sosa», apuntó este martes el titular del bloque de la UCR de Diputados, Mario Negri.

La presión opositora se hará sentir este miércoles. Según fuentes del Congreso, los presidentes de los bloques de Juntos por Cambio en Diputados -Negri- y en el Senado –Humberto Schiavoni- comunicarán a Massa y a Cristina los nombres de  los legisladores que según ellos deben sumarse al Conejo: la diputada Roxana Reyes (UCR- Santa Cruz) y el senador Luis Juez (PRO – Córdoba). Según el fallo de la Corte, al no haberse sancionado una nueva ley el lunes debe volverse a la ley original de 1997, que establecía una Magistratura con 20 consejeros, de los cuales cuatro eran diputados y cuatro senadores. Como ahora sólo hay tres de cada Cámara, tanto Diputados como el Senado deben designar un legislador consejero por el bloque que representa la segunda minoría, que según la oposición son el radicalismo en la Cámara baja y el PRO en la Cámara alta.

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