Los nuevos negocios entre Máximo Kirchner y Lázaro Báez le dan un inesperado empujón al fiscal Diego Luciani

La investigación del fiscal Guillermo Marijuan sobre los bienes y negocios de Lázaro Báez, que amaneció como un brote judicial de la ya famosa causa de la Ruta del Dinero K con la intención de establecer si el multimillonario contratista de obra pública es un testaferro de Néstor y Cristina Kirchner, acaba de ofrecer nuevas pruebas sobre más enjuagues de dinero sospechosos entre la ex familia presidencial y el dueño de Austral Construcciones. Los hallazgos de Marijuan ponen en un incómodo reflector sobre las múltiples y habituales transacciones inmobiliarias entre Máximo Kirchner y Báez. Pero no sólo eso.

El trabajo de Marijuan es otra valiosa pieza en el rompecabezas delictivo que, con suma perfección y concordancia, revela el sistema a través del cual el Estado nacional fue defraudado en miles de millones de pesos. La mencionada Ruta del Dinero K con sus causas conexas -esta sobre la verdadera titularidad del patrimonio de Báez, la de la compra de dos terrenos en Uruguay-, los casos también por lavado en Hotesur y Los Sauces, los Cuadernos de las Coimas y el expediente «Vialidad» por corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz son sólo las vigas maestras de una red de causas menores que analizan sobre asuntos más específicos la vascularización de aquel gran mapa del robo a las arcas públicas.

Estas nuevas diez propiedades vendidas por los Kirchner a través de su heredero Máximo –cada vez más comprometido en los expedientes judiciales por lavado de dinero sustraído del presupuesto nacional- prueban una nueva vía por la que fluyeron fortunas desde los bolsillos del principal destinatario de contratos públicos de la Patagonia hacia el patrimonio de los dos presidentes que hicieron de él -poco más que un poligrillo en Río Gallegos- un emperador de las licitaciones públicas.

Pero las revelaciones que publica Clarín son además un formidable empujón para el golpe final que el fiscal Diego Luciani y su adjunto Sergio Mola asestarán el lunes en el cierre de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, que desde 2019 enjuicia a Cristina, Julio De Vido, José López, Abel Fatala, Nelson Periotti y por supuesto a Lázaro Báez -entre otros acusados- por haber integrado una asociación ilícita animada para saquear al Estado con la adjudicación de 51 contrataciones de las firmas del Grupo Austral por las que se pagaron 46.000 millones de pesos, más de 2.000 millones de dólares según el promedio del tipo de cambio durante la «década ganada». Justamente, cada día queda más claro quién ganó en aquellos años.

Para tener una idea: el ministro de Economía Sergio Massa hace contorsiones políticas y financieras para tratar de convencer a los productores agropecuarios de que liquiden divisas por 5.000 millones de dólares, y al gobierno le falta poco más que humillarse para que el BID abra la mano de un crédito al país por 800 millones. La riqueza que la Argentina vio derramarse hacia los bolsillos de la familia Kirchner y su protegido Báez representa una porción importante de las urgentes necesidades en sus reservas monetarias.

Marzo de 2011: Cristina Kirchner en el club de Lázaro Báez en Río Gallegos. En la foto, posa sonriente junto a Martín, el hijo mayor del contratista que está preso por lavado en La Ruta del Dinero K.

Luego de casi 70 horas de exhibir documentos, videos, testimonios, planillas cuadros y fotos; de mostrar cómo en 2003, al mismo tiempo que Lázaro Báez compraba el sello de goma de Austral Construcciones, Néstor Kirchner creó el ministerio de Planificación Federal y puso al frente a las mismas personas que lo habían secundado en la gestión de la obra pública en Santa Cruz -De Vido, López, Periotti-; cómo tejió a su alrededor una malla de leyes, decretos y resoluciones administrativas que le permitían a ese ministerio capturar fondos presupuestarios y derivarlos a la Dirección Provincial de Vialidad en Santa Cruz para luego casi regalárselos a Lázaro Báez en licitaciones en las que competía contra sí mismo -el contratista compró cuatro empresas constructoras más en unos pocos años- con sobreprecios superiores al 60%, sin ningún tipo de controles y cobrando antes que cualquier otro proveedor, los fiscales Luciani y Mola pedirán esta semana una condena ejemplar para Cristina y sus supuestos secuaces.

La pena máxima para el delito de dirigir una asociación ilícita es de 16 años de prisión. Luego de escuchar su contundente alegato, sorprendería que los representantes del Ministerio Público Fiscal exijan mucho menos que eso a los jueces Gorini, Basso y Giménez Uriburu.

La misma sorpresa causaría que los integrantes del Tribunal eludan ese exuberante repertorio de pruebas a la hora de firmar su sentencia.

.

Invitación al Facebook Diario Tiempo

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba