Los fundamentos de la sentencia en el caso Vialidad pueden fortalecer el reclamo para hacer el juicio por lavado en Hotesur

Los fundamentos de la sentencia en el caso Vialidad pueden fortalecer el reclamo para hacer el juicio por lavado en Hotesur

Los argumentos del TOF 2 coinciden con los de la fiscalía que pide a la Casación Federal revertir el sobreseimiento exprés y sin jucio que otro tribunal le concedió a Cristina y sus hijos.

El Tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por hechos de corrupción sostuvo que la obra pública vial fue un pretexto para direccionar 51 licitaciones a favor de Lázaro Báez, con quien mantenía negocios comerciales en la esfera privada. En lo público, era el principal contratista de las rutas en Santa Cruz. Esta relación posibilitó lo que los jueces denominaron el “lucro indebido”. Eso devino en una detalla explicación sobre los negocios entre ambos, con los hoteles y la inmobiliaria investigadas por lavado de dinero. La tesis podría fortalecer el pedido del fiscal Mario Villar para que la vice enfrente el juicio oral por los casos Hotesur y Los Sauces junto a sus hijos.

“Hemos encontrado debidamente acreditada la materialización de un provecho económico en cabeza de Báez”, indicaron los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.

Al momento de explicar cómo el ex socio comercial de Cristina Kirchner obtuvo el beneficio económico, el Tribunal indicó que fue gracias al “ incumplimiento de los deberes de los funcionarios que operaron en su favor es una muestra cabal del ánimo de lucro”.

Sobre esta argumentación se hizo la siguiente aclaración: el móvil que daba sentido a tan compleja maniobra era el beneficio que de ella obtenía, además de Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”. Para los magistrados, los “incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta”.

Se trata de Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (firma inmobiliaria), investigadas por lavado de activos.

La imputación en esos dos casos elevados a juicio oral sostiene que Báez y la ex presidenta -junto a los demás acusados- “elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”.

Casi las mismas palabras con las que el TOF 2 describió las maniobras en el caso Vialidad, la primera parte del supuesto circuito ilegal

En lo que concierne a la empresa Hotesur, el fiscal de instrucción Gerardo Pollicita habló de un “circuito económico basado en la actividad hotelera que les permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas de obra pública y sus vinculadas, a favor de una empresa que actuaría como sociedad pantalla, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir el dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería, en lo que se conoce como un proceso de reciclaje". Lo mismo ocurría con el alquiler de departamentos e inmuebles.

El planteo consecuente es: si todos esos contratos de locación se firmaban con las empresas de Lázaro Báez, los fondos volcados a la simulación de alquileres ¿de dónde provenían? Entre 2003 y 2015, el único cliente del Grupo Austral fue el Estado nacional a través de la obra pública vial.

Para los jueces que realizaron el juicio del caso Vialidad, las pruebas recogidas en los expedientes Los Sauces y Hotesur convalidan “la maniobra defraudatoria” de la obra pública vial.

La relación entre Cristina y Báez, “construida sobre la base de múltiples negocios privados, explica acabadamente el móvil que motivó el accionar de las personas” que terminaron condenadas el 6 de diciembre.

“Hemos visto más de una evidencia que demuestra que existía un conocimiento personal recíproco. La primera persona en dar cuenta de ello fue el actual Presidente de la Nación y ex Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Ángel Fernández, quien al prestar declaración testimonial dio cuenta de haberlo visto a Báez por primera vez en la casa del matrimonio Kirchner de El Calafate”.

En síntesis: el contratista K “cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional y luego los destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”, concluyó el TOF 2. “El lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”.

Este “esquema de corrupción en la primera línea del Estado”, expresaron los magistrados, “producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”.

Ese mismo razonamiento hizo el fiscal ante la Cámara de Federal Casación Penal, Mario Villar quien, en coincidencia con su par de la instancia anterior -Diego Velasco- dictaminó que el origen de los fondos que se volcaron a la simulación de alquileres responde a las irregularidades de la obra pública vial.

Por eso es que el planteo de los fundamentos de la sentencia en el caso Vialidad podría fortalecer aquel que los fiscales esgrimieron para dar por corroboradas las maniobras de blanqueo investigadas en los expedientes -luego unificados- Hotesur y Los Sauces, y exigir que la Casación Federal revoque el controvertido sobreseimiento sin realizar el juicio.

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