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Freno de la Justicia federal a una ley que le daba más poder al Tribunal Superior porteño

La justicia en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la aplicación de una ley que había aprobado la Legislatura porteña y que permitía realizar apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) de los casos de la Justicia nacional radicados en el ámbito porteño.

La jueza Macarena Marra Giménez tomó la decisión después de «admitir la medida cautelar peticionada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional» y «suspender la aplicación del artículo cuarto de la ley 6.452 de la Ciudad de Buenos Aires en lo relativo al recurso de inconstitucionalidad reglamentado contra las sentencias definitivas dictadas por las Cámaras Nacionales de apelaciones con asiento en la Ciudad de Buenos Aires».

De acuerdo a la norma aprobada en la Legislatura, si un juez comercial dictase un fallo tendría que ser revisado por la Cámara Comercial y el tribunal siguiente pasaría a ser el TSJ y no la Corte Suprema nacional. La medida había sido denunciada desde el kirchnerismo, que acusaba un intento del gobierno porteño de favorecer en la causa de Correo Argentino a la familia Macri. 

Entre los principales argumentos de la jueza, sobresalió: “Resulta de toda claridad que el Congreso Nacional y la Legislatura local establecieron que la transferencia de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias a cargo de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Poder Judicial de la Ciudad se produciría por un acuerdo entre los gobiernos ratificado por los poderes legislativos de ambos estados”.

Además, la magistrada en lo contencioso administrativo federal se refirió a “la necesidad de un traspaso progresivo de competencias, que gradúen el cambio de funciones de los diferentes operadores de justicia, a fin de garantizar en el período de transición una administración del servicio de justicia que no se vea alterada en su prestación por los cambios propuestos”.

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También sostuvo que «en tales condiciones, en el estrecho marco de conocimiento que permite esta instancia cautelar, se advierte la verosimilitud del derecho invocada por la Asociación actora, en tanto -como se ha expresado- la legislatura porteña carece de potestades para dictar normas adjetivas a cumplir en el marco de los procesos judiciales en trámite por ante los tribunales de jurisdicción nacional”.

Además, afirmó que «sin desconocer las facultades de la legislación y jurisdicción de la Ciudad«, mientras no haya un traspaso formal de la Justicia nacional a la local, «la Legislatura de la ciudad carece de competencia para legislar normas procesales aplicables en el ámbito nacional -como es crear un recurso procesal para las causas en trámite ante la justicia nacional-, en tanto implica modificar el régimen procesal vigente a cumplir por los tribunales de la jurisdicción nacional, y en ese sentido, sustituir a otros poderes del Estado -en este caso el Congreso Nacional- en las funciones que le son propias».

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El Gobierno apeló una cautelar que había favorecido a una jueza de la causa Correo Argentino

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