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Fiesta en Olivos: el fiscal que acordó cerrar el caso, envuelto en denuncias cruzadas

Fernando Domínguez llegó a la fiscalía federal de San Isidro el 13 de agosto de 2013. Simpatizante de la agrupación krichnerista Justicia Legítima, su nombre llegó a los medios dos años antes de que hace unos pocos días aceptara la oferta de Alberto Fernández para pagar una «reparación integral» como única penitencia por la fiesta de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos.

Aquella aparición pública ocurrió en agosto de 2020, cuando Domínguez acusó a su colega Claudio Scapolán de liderar una banda que entre 2012 y 2015 habría robado droga incautada en los operativos para reintroducirla al circuito ilegal.

Además, planteó que la organización extorsionaba “a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección o para no detener a sus familiares o allegados”, o a “personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales”. Scapolán fue finalmente apartado de su cargo hace tres semanas.

Pero hace dos años, cuando comenzaron a investigarlo, Scapolán también había denunciado a Domínguez por presunta “protección” de bandas narco. La denuncia le imputaba los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, falsedad ideológica y encubrimiento.

La denuncia además acusaba al fiscal Domínguez de empujar investigaciones contra otros colegas que impulsaron operativos para detener a los cómplices del narco Ibar Pérez Corradi, por ejemplo, o contra el fiscal Rodrigo Caro, “en base a especulaciones personales y prueba, nuevamente, fraguada” vinculada a supuestas maniobras para entorpecer la investigación por el doble crimen de colombianos en el shopping Unicenter. A Caro le hicieron un juicio político en 2019, y fue absuelto.

Cuando las denuncias cruzadas se conocieron en los medios, Domínguez recibió el apoyo de varias organizaciones de derechos humanos cercanas al kirchnerismo, como las Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La carta en favor del fiscal de San Isidro también llevaba la firma de Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima e interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.

El año pasado, cuando el juez federal porteño Sebastián Casanello se declaró incompetente para investigar la fiesta en Olivos y la causa fue enviada a San Isidro, hubo una puja por quedarse con ese expediente por parte de los dos juzgados de esa jurisdicción, a cargo de Sandra Arroyo Salgado y Lino Mirabelli. Finalmente, el caso quedó en manos de Mirabelli, ante quien acusaba el fiscal Domínguez.

Luego de aceptar la primera «reparación integral» por parte de una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yañez, Domínguez endureció de golpe su posición y rechazó otros pedidos de acuerdo. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que incluso el arreglo propuesto por Alberto Fernández tuvo una primera tentativa que quedó en suspenso por la negativa del fiscal, y que sólo unas semanas después pudo cerrarse con la oferta de 3 millones de pesos por parte del presidente y su pareja. «Algo pasó en el medio. Y los kirchneristas duros no fueron ajenos a eso», susurran en los tribunales sanisidrenses.

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