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El Gobierno gastó $ 26 millones en encuestas, pero dice que no midió intención de voto ni la imagen de Alberto Fernández

Sólo la jefatura de Gabinete del Gobierno gastó entre el año pasado y el actual unos 26 millones de pesos en encuestas para conocer, fundamentalmente, la reacción de la sociedad ante las medidas del Gobierno por el Covid-19, entre otros objetivos. Ese gasto no incluye a otros ministerios, ni empresas del Estado de la gestión del presidente Alberto Fernández.

Todas las contrataciones fueron realizadas por la llamada “Unidad de Opinión Ciudadana”, que creó el ex jefe de gabinete Santiago Cafiero y actual canciller y mantiene su sucesor, Juan Manzur. La mayoría de los contratos son con consultores cercanos al oficialismo.

Ese organismo está a cargo de Juan Martín Gené,a quien se le dio jerarquía de subsecretario de Estado. Se trata de un politólogo y militante K designado por Cafiero que antes había trabajado con Agustín Rossi cuando éste lanzó su precandidatura presidencial en 2019.

La respuesta de Gené ante un pedido de acceso a la información pública de Clarín arranca desde el 10 de febrero de 2020 hasta la actualidad. La respuesta se circunscribió a las contrataciones de estudios de opinión pública cursadas y tramitadas ante esta Unidad.

Gené afirmó que en el curso del 2020 las encuestas contratadas “se orientaron hacia un análisis y seguimiento constante de las políticas públicas orientadas a mitigar y evaluar la incidencia de la pandemia Covid-19 y sus consecuencias inexorables en la vida cotidiana de la ciudadanía en sus distintas etapas a nivel nacional”.

Gené negó que estos estudios se hayan “orientado a medir “imagen del presidente, sus ministros y la intención de voto” según las preguntas de este diario. El cuestionario de Clarín fue sobre el total de gastos en encuestas del Gobierno, pero sólo respondió la jefatura de Gabinete.

Ante la consulta de este diario, un encuestador que no trabaja con el Gobierno se preguntó, entonces, ¿quién paga las encuestas sobre imagen de la gestión o intención de voto que consume con frecuencia el oficialismo?

Para este consultor, que pidió mantener su nombre en el anonimato, el pago de encuestas políticas “debe estar escondido” en otros ministerios, empresas del Estado o en contratos del Frente de Todos.

Las consultoras que midieron para Jefatura de Gabinete

El informe puntualiza que se contrató a la empresa Trespuntozero de Flavia «Shila» Vilker por un servicio de consultoría sobre el estudio “Cualitativo a Nivel Nacional frente a la pandemia Covid-19”. Fue una contratación Directa por especialidad: $ 3.889.424.

También se contrató a María Florencia Filadoro para la “realización de un estudio cuantitativo en villas, asentamientos y barrios populares del AMBA en el marco de la incidencia de la pandemia COVID-19” por $ 350.000. Se trata de la directora de la consultora Reyes Filadoro y presidenta de la Asociación Argentina de Consultoras y Consultores Políticos.

Luego a la empresa Multimedios & Marketing de Roberto Bacman para la “realización de un estudio que combinará metodologías cualitativas (grupos focales) y cuantitativas (encuestas sistema CATI e IVR) orientado a la generación de información para la toma de decisiones a nivel nacional y provincial durante un periodo de cinco meses”. El contrato fue por $ 5.505.500.

Además, se contrató a Julio Aurelio por un servicio de consultoría con la metodología del sistema “ARESCO INSTANT RESEARCH” provisto por el mismo Aurelio. El presupuesto fue de $ 6.000.000.

Otro de los contratados fue Agora Consultores, de Diego Villanueva, por un “estudio de Opinión Pública” por $ 1.730.000, aunque se aclaró que el contrato está sin perfeccionar.

El «Acuerdo Marco»

Luego la respuesta del Gobierno aclaró que en cuanto a las “contrataciones realizadas en 2021 se advierte que se han realizado dos de ellas bajo la modalidad de Contratación Directa, toda vez que se encontraba pendiente de aprobación el Acuerdo Marco para la realización de Estudios de Opinión Pública”.

Para Gené, “el Acuerdo Marco y su procedimiento ha sido diseñado garantizando el principio de igualdad y el de libre concurrencia para todos aquellos interesados”. Y que a partir de ese acuerdo se darán los contratos “conforme a los requerimientos técnicos del pliego y previsiones legales- pudieran presentar sus ofertas para cada tipo de estudio en condiciones de igualdad”.

“De esta manera se ha democratizado la participación de todos aquellos que cumplieran con los requerimientos técnicos, administrativos y económicos, promoviéndose la libre concurrencia y competencia de los interesados”, resaltó el funcionario.

En el 2021, hubo dos contrataciones directas. Así se contrató a la empresa de Analía del Franco para “la realización de un estudio de Opinión Pública” que consistió en una “encuesta Telefónica con Sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) de alcance nacional. Costo $ 1.500.000.

En esta etapa, aparece un contrato con Gustavo Córdoba para hacer “un estudio cuantitativo Encuesta Estructurada bajo la modalidad ONLINE”. Contratación Directa por especialidad: $ 1.197.900.

Luego por el acuerdo marco, se contrató a la empresa de Hugo Haime para un “estudio cuantitativo CATI – 800 casos AMBA” por $896.000.

Nuevamente, a Multimedios & Marketing, de Bacman por un “estudio Cuantitativo OnLine 689 casos” por $ 303.160.

Y a Ágora Consultores por un “estudio Cuantitativo IVR: 3000 casos en AMBA y 1500 casos en el Interior / Estudio Cuantitativo Modalidad Online: 1350 casos en AMBA y 700 casos en el Interior. El contrato fue por Monto Total: $ 1.706.250.

El informe puntualiza que se dio otro contrato a Trespuntozero S.A. de Vilker para un “estudio Cualitativo / Comunidades de Whatsapp” por un costo de $ 2.175.000.

Analía del Franco en el 2021, sumó otro contrato para un “estudio Cuantitativo CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 1400 (dos estudios de 700 casos cada uno) casos en el Interior”. Fue por $ 1.526.000.

La empresa de Pablo Romá se quedó con un “Estudio Cuantitativo IVR (Interactive Voice Response) 1.000 casos” por $ 190.000.

Hugo Haime volvió a figurar en el informe con un contrato por “estudio Cualitativo – Modalidad Focus Group OnLine 14 grupos (7 grupos en Interior Norte y 7 grupos en Interior Sur)”. El contrato fue por $ 952.000.

En el informe se cita a Ágora contratada, esta vez, por un “estudio Cuantitativo Modalidad OnLine- 2.500 casos- Interior” por 500 mil pesos.

Analía del Franco ganó un tercer contrato para “un estudio Cualitativo – Modalidad Focus Group OnLine 14 grupos (7 grupos en AMBA y 7 grupos en Interior Centro) presupuestado en $ 952.000.

A su vez, Federico González fue contratado para hacer un “estudio Cuantitativo IVR (Interactive Voice Response) 800 casos” con un presupuesto de $ 148.000.

La respuesta de Gené aseguró que “todos los procedimientos de contratación se atuvieron al marco normativo vigente en materia de contrataciones públicas y sus respectivas modalidades”. Y citó al Decreto Delegado N ° 1023/01 y su Reglamentario N ° 1030/2016 sus modificatorios y complementarios 8, así como al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.

El objetivo de estas contrataciones, puntualizó Gené, fue “relevar, sistematizar y analizar las percepciones de la ciudadanía sobre las acciones de gobierno con el objetivo de informar a la gestión pública nacional”.

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