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El Gobierno demora el llamado a extraordinarias y apunta a proyectos económicos

El viernes pasado venció la prórroga de las sesiones ordinarias y en un escenario de paridad de fuerzas políticas que obliga al oficialismo a negociar «ley por ley» todavía se espera que el presidente Alberto Fernández emita el decreto de llamado a extraordinarias para tratar, como había anunciado, un paquete de leyes, con las económicas como prioridad.

En el Congreso, a los legisladores les habían advertido que estén «en zona» para la última semana de enero, primera de febrero.​ Desde la Casa Rosada reconocen que esperan que decanten las internas y se vayan reconfigurando las alianzas para publicar el temario.

«En algún momento del verano vamos a convocar a extraordinarias, esto ya lo habíamos anticipado, y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022″, había señalado la semana pasada la portavoz de Fernández, Gabriela Cerruti durante una de las rondas de prensa en Casa de Gobierno.

Sin embargo, recientemente el Gobierno decidió postergar su presentación​ y aseguran que la prioridad es el rediseño del nuevo Presupuesto. El proyecto prometido por el Presidente horas después de las Legislativas, dicen, recién estaría “en febrero o marzo”.

No es la primera vez. Inicialmente lo habían anunciado para la última semana de diciembre, pero el fracaso del Presupuesto 2022 obligó a cambiar los planes. En paralelo, hay expectativas por el acuerdo con el FMI, que también debe pasar por el Congreso.

A su vez, hay otra batería de proyectos económicos que el Presidente ya adelantó que buscará aprobar; todos destinados a conseguir mayor inversión para el país, sobre todo en moneda extranjera.

Entre ellos se encuentra el régimen de promoción de la industria automotriz, el régimen de incentivo a la construcción y el acceso a la vivienda, la ley de desarrollo agroindustrial, la ley de electromovilidad para transporte público urbano y la de promoción de inversiones hidrocarburíferas.

Este último proyecto había sido presentado con bombos y platillos por el Presidente junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, después de la derrota de las PASO. 

“Es una ley construida entre todos, el Estado, los privados y los sectores del trabajo ”, dijo en ese entonces Fernández.

Pero el texto comenzó a debatirse en septiembre en el Senado, y por los pedidos de cambios y críticas del propio oficialismo y sus aliados, quedó congelado. La potestad de las provincias y las cuestiones ambientales, estaban entre los puntos a rever.

​Se trata de una ley para darle previsibilidad al sector con un régimen a 20 años. Establece la Exportación garantizada del 20% al 50% de la producción y la posibilidad de que el 50% de las divisas obtenidas sean de libre disponibilidad. A su vez, incluye beneficios tributarios para las PyMEs.

Mientras tanto, el Gobierno envió esta semana a Diputados la ley de compre argentino y una que incorpora modificaciones al Monotributo: busca que dejen de pagar las categorías más bajas y dar beneficios a las más altas, a la par de que más cuentapropistas y trabajadores de la economía popular pasen a la formalidad.

En la órbita del Senado hay un tema importante dando vueltas: los cambios en el Consejo de la Magistratura. El Gobierno envió al Senado un proyecto después del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma de 2006. La nueva iniciativa propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo y el propio Consejo le pidió al Gobierno que lo incluya en extraordinarias.

Mientras tanto, Diputados debería retomar el proyecto que habilita la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, y busca fomentar y fomentar esa industria. La iniciativa consiguió media sanción en el Senado y había sido dictaminada en comisiones en la Cámara Baja, pero con el recambio de legisladores, ese despacho se cayó y deben volver a tratarlo en comisión. 

Otro asunto pendiente es la Ley de Alquileres. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, admitió en noviembre que la nueva Ley de Alquileres -aprobada durante el gobierno de Cambiemos- era un “fracaso” y llamó a discutir una nueva, pero ese debate nunca se puso en marcha. La oposición directamente pide derogarla.

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