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El fiscal expuso cómo Oil Combustibles financiaba a otras empresas mientras pedía planes a la AFIP

En la segunda jornada de los alegatos de la fiscalía que terminará en el pedido de una condena contra los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el fiscal Juan García Elorrio se ocupó de analizar el incremento patrimonial de Oil Combustibles y cómo financiaba a otras firmas del holding, mientras aumentaba su deuda fiscal. Ya había señalado que a su entender se dieron por corroborados “los hechos para una sentencia condenatoria”.

El juicio que inició en junio de 2019 se ocupó de analizar los planes de facilidad de pago a los que accedió Oil Combustibles, la firma que no pagó durante el último gobierno de Cristina Kirchner el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). La deuda denunciada fue de $ 8.000 millones, pero se fue ajustando.

Durante el debate oral la cifra estuvo en discusión durante el debate oral. Cristóbal López sostiene que esa deuda no superaba los 650 millones de pesos. La imputación se centró en otra ventana de tiempo y fijó otra cifra, igual multimillonaria.

La Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de 5.144.538.391,07 pesos en concepto de capital”.

Pese a refutar la cifra, Cristóbal López accedió a dos planes para cancelar la multimillonaria deuda generada por la petrolera. El primero es de 49 cuotas por un total $ 628.582.546,27 y se empezó a pagar el miércoles 8 de septiembre y otro plan de 97 cuotas. El pago global de la deuda superará los $ 12.000 millones. Después del otorgamiento de esos planes, la AFIP desistió de acusar en el juicio.

“La AFIP no inició las gestiones de control para cobrar la deuda”, dijo el fiscal Juan García Elorrio cuando inició el segundo tramo de su alegato. En esa ocasión se ocupó de analizar la situación patrimonial de Oil Combustibles mientras se acogía de manera sistemática a planes de facilidad de pago.

Según un conjunto de informes que leyó el fiscal, las obligaciones fiscales de Oil Combustibles “ascendían a unos 5.000 millones de pesos, con vencimientos el 1 de julio de 2011 y 31 de diciembre de 2015”, mostrando los continuos planes de pagos que fue pidiendo la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Estas obligaciones, continuó analizando el representante del ministerio Público Fiscal, “estaban en condiciones de ser reclamadas (por el fisco), pero sólo se consignó imposibilidad operativa por parte de la empresa”, que entendió “no estaba bien fundada”.

En tanto Oil Combustibles continuaba requiriendo planes para financiar su deuda que se incrementaba de forma permanente. El cuadro que mostró el fiscal expuso que para 2011 la deuda fiscal era de $ 163 millones y hacia 2015 superaba los $ 5.900 millones”. También señaló que Oil era la empresa que de forma permanente realizaba préstamos a las sociedades relacionadas por más de $ 91 millones en la evolución de los mismos años de la deuda con el fisco. “Hay una correlación de los aumentos del pasivo y los préstamos otorgados a las empresas”, señaló.

Entonces indicó que Oil Combustibles era “el deudor más importante, la contribuyente representaba del 75% de las obligaciones no confirmadas de todos los contribuyentes de la regional Palermo de la AFIP”.

Respecto a la responsabilidad como ente de contralor, indicó que la efectividad de la Agencia 11 “resultó inferior a las demás seccionales”, en función de una serie de informes a los que dio lectura.

No surgen del expediente “los hechos acreditados, es decir, los argumentos de la empresa sobre la crisis financiera que afrontaba para justificar la falta de pago de los planes de pago”, sostuvo el fiscal en su alegato.

Así, se concluyó que de las 55 obligaciones fiscales adquiridas por Oil “metió su deuda en 48 en planes de facilidades de pago”. Se dijo que había una deuda global de $ 9.000 millones, “y un total de $ 6.600 millones estaban impagos por falta de cancelación de las cuotas de los planes de pago”.

Según la acusación de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Por eso se señaló que existió la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

En función de estos números, la firma petrolera financió sus obligaciones fiscales en forma recurrente “con distintos regímenes de planes de pago”, leyó el fiscal.

Sobre la multimillonaria deuda se señaló que fue en los balances “un número suelto sin mayores explicaciones”, que eso impedía saber “si la deuda iba a poder cobrarse”, y que el incremento de la acreencia “no se fue controlando”.

La acusación

La Justicia sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

La petrolera contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero por el contrario López y De Sousa “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco” y las entregaban en “concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”. Al pedir la elevación a juicio que consideró Ercolini, la fiscalía analizó cada uno de los planes de facilidades de pago que fueron adjudicados al empresario K “de manera ilegal e irregular”.

Esta maniobra de corrupción, les permitió a López y De Sousa, aumentar su patrimonio y comprar empresas a pesar que descapitalizaban la petrolera que cuando comenzó la causa estaba en concurso preventivo y hoy está quebrada.

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