Últimas noticias de Argentina

Cuenta regresiva y guerra de nervios ante los cambios en el Consejo de la Magistratura

El fallo de la Corte Suprema de Justicia le puso fecha de caducidad a la actual integración del Consejo de la Magistratura, y ordenó que se modifique la conformación actual, a la que declaró inconstitucional. El 15 de abril es el plazo para que el Congreso sancione una nueva ley que restablezca los equilibrios entre los estamentos representados en el organismo; si no lo hace, deberá volverse a una integración de 20 miembros, siete más de los que tiene ahora. Con el reloj implacable, la incertidumbre crece en el organismo que designa a los candidatos a jueces, y administra 136.000 millones de pesos del presupuesto judicial.

«El 15 de abril nos convertimos en calabaza», grafica un importante miembro del Consejo. 

El Consejo de la Magistratura de la Nación es un organismo políticamente sensible ya que propone y destituye jueces y administra los fondos del Poder Judicial. Los últimos años contó con una cómoda mayoría kirchnerista, utilizada por ejemplo, para destituir a tres jueces que intervinieron en causas vinculadas a Cristina Kirchner.

En diciembre, la Corte ratificó un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que en 2015 sostuvo que luego de una reforma votada en 2006, el Consejo de la Magistratura contaba con una composición desequilibrada y favorable al poder político.

Al confirmar ese fallo, los jueces del máximo tribunal exhortaron al Congreso a sacar una nueva ley y le ordenaron a la Magistratura volver a la anterior composición a la reforma hasta que se vote una nueva iniciativa. Así, el Consejo volverá a tener 20 miembros y el será manejado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En ese pronunciamiento, la Corte puso el plazo que vencerá el 15 de abril. Para cumplirlo, cualquiera de las dos opciones posibles debe sortear dificultades políticas.

Por un lado, deben elegirse a los siete miembros que faltan para lograr un cuerpo pleno de veinte miembros. Son un representante académico, dos abogados, un juez, un diputado y un senador, además de Rosatti.

En el Consejo consideran que esa selección no es tan fácil de concretar. Mientras que la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina ya organizó el comicio para que el 5 de abril sean elegidas dos abogadas como representantes en el organismo, el colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ya planteó que no es suficiente el tiempo para elegir a su representante. Los rectores de las universidades nacionales también se encuentran con cierta demora para seleccionar al integrante académico.

A este rompecabezas se le suma otra dificultad: hay dos consejeros que deben ser elegidos por el Congreso. «El problema es que si se tiene en cuenta la antigua ley del Consejo, en el Senado debería nombrarse a alguien del PRO, porque hay dos representantes por la primera fuerza y el tercero que es el que falta nombrar es de la oposición», explicó una autoridad del Consejo de la Magistratura.

Situación similar ocurre en Diputados: el representante que faltan elegir debe pertenecer al tercer bloque político de la Cámara representado, que es el radicalismo. Al analizar la situación, un consejero sostuvo: «No me imagino al kirchnerismo en ambas cámaras nombrando a dos opositores para el Consejo».

Para votar una nueva ley que cumpla con el fallo de la Corte, el Congreso tiene otras dificultades. Una de ellas, por ejemplo, es acordar quién presidirá el Consejo. Juntos por el Cambio ya manifestó su acuerdo con que sea el presidente de la Corte. El Frente de Todos no contempla esa posibilidad.

Ese rechazo se comprueba en algunos datos contextuales: en una marcha realizada hace un mes, el kirchnerismo pidió la renuncia de todos los miembros de la Corte. El martes,  en su discurso ante la asamblea legislativa, Alberto Fernández dedicó sus principales críticas al máximo tribunal: acusó a sus jueces de ser cómplices de los poderes económicos.

Con ese telón de fondo el Congreso debe discutir y aprobar una nueva ley antes del 15 de abril.

«Vemos con suma preocupación la posibilidad de que el Consejo no funcione de manera plena por no tener una ley nueva y tampoco los siete miembros restantes», dijo a Clarín el consejero Pablo Tonelli.

La incertidumbre es compartida por oficialistas, que ponen sobre la mesa otro interrogante: si el 15 de abril no hay una normativa y no se tiene a los veinte miembros, ¿quién va a administrar los recursos del Poder Judicial?

Excepto los gastos de la Corte, todos los demás pasan por la firma de Claudio Cholakian, Administrador General del Poder Judicial, que reporta al plenario del Consejo. Para este año, habían solicitado un presupuesto de 136 mil millones de pesos.

.

.

Sesiones ordinarias: los anuncios judiciales de Alberto Fernández que nunca se cumplieron

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba