Comenzó la batalla judicial por la vigencia del DNU de Javier Milei: se presentó el primer amparo

Comenzó la batalla judicial por la vigencia del DNU de Javier Milei: se presentó el primer amparo

Se presentó este jueves el primero de la “lluvia” de amparos que anunció el kirchnerismo y sindicatos, entre otros actores, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ómnibus 70/2023 del presidente Javier Milei que busca desregular la economía.

El amparo pretende primero que la Justicia suspenda a través de una cautelar la vigencia del decreto y después se declare la inconstitucional y nulidad del DNU.

El amparo colectivo lo presentó la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuya presentación también la acompañaron el economista de la Unión Popular Claudio Lozano y el sindicalista Hugo "Cachorro" Godoy (ATE). El senador K y miembro de la Cámpora, Mariano Recalde, prometió una "lluvia" de amparos para tratar de frenar el DNU en la Justicia, mientras el Procurador General del Tesoro y experto en derechos administrativo, Rodolfo Barra prepara la defensa jurídica para tratar de ganar la pelea.

El amparo quedó en manos del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Esteban Furnari. Se trata del expediente 48013/2023.

El fuero Contencioso Administrativo Federal es que el concentra las demandas contra el Estado.

Fuentes cercanas a Barra señalaron que "el juez debería rechazar in limine el amparo por falta de causa y por vaguedad de la demanda".

El magistrado da traslado a la Procuración del Tesoro se contestará pero "para habilitar la feria judicial los demandantes deberían demostrar la urgencia del gravamen", agregaron las fuentes.

"Más allá de la jurídico, la mayor defensa del DNU es la crítica situación económica y social del país", agregó la fuente cercana a Barra.

Por su parte, Lozano dijo que “presentamos acción judicial contra el DNU de Milei por Inconstitucional y antidemocrático para que se declara su nulidad insanable”.

El amparo está firmado por el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad; Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular; la Inga. María Eva Koutsovitis, fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos; Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma Nacional y Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En la demanda se solicita la “la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y de toda normativa o acto que derive de su vigencia o dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3), por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público”.

Además, piden su nulidad “por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

La “lluvia” de amparos presenta una serie de dudas sobre la posibilidad de que un juez suspenda la puesta en vigencia del DNU antes de decir la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la medida.

Primero Milei deberá firmar otro DNU para confirmar que las desregulaciones presentadas junto con su Gabinete ayer rigen a partir de este jueves. En las 83 páginas del DNU publicado este jueves a la hora cero local no se aclara la entrada en vigencia de las medidas, por lo que el Gobierno tendrá que dictar otro texto en las próximas horas para especificar que las desregulaciones de unas 300 leyes y normativa, entre ellas régimen laboral, valores de la medicina prepaga y conversión de sociedades del estado en sociedades anónimas, ya se encuentran efectivas.

El Código Civil de Argentina establece en el artículo 5 un plazo de ocho días para la entrada en vigor de una normativa estipulada por decreto (DNU), por lo que una segunda versión aclaratoria puede acelerar su implementación.

Es decir, que este retraso acerca la decisión que deberá tomar el juez Furnari porque el viernes 29 de diciembre es el último día hábil de la Justicia antes de empezar la feria de verano. Y en el caso de que este y otros eventuales amparos se apelen a la cámara y luego a la Corte Suprema. Ese retraso, dijo una fuente judicial, "no fue un error sino una forma de estirar los plazos para llegar a la feria judicial".

En enero estarán como jueces de feria en la Corte: Horacio Rosatti del 1 al 31 de enero; Carlos Rosenkrantz del 1 al 7 de enero y a Ricardo Lorenzetti del 1° al 5. Cada juez del máximo tribunal tiene un criterio propio sobre cuándo habilitar la feria por un DNU.

El problema jurídico del primer amparo es que "es muy general y el DNU tiene una amplitud de temas que, seguramente, se tratarán en otros fueros como el penal y el laboral", explicó una fuente judicial a Clarín.

Si el juez de instrucción habilita la feria por ser a su criterio una cuestión de urgencia cuando haya “un riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional”.

El DNU además, debe ser aprobado por la Justicia y por el Congreso de la Nación, donde los diputados y senadores definirán si aprueban o rechazan las medidas del Ejecutivo. Primero, la Comisión Bicameral del parlamento argentino (Congreso) debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.

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