Caso Cuadernos: la Casación Federal exigió apurar el juicio oral en uno de los expedientes conexos

Caso Cuadernos: la Casación Federal exigió apurar el juicio oral en uno de los expedientes conexos

La Cámara Federal de Casación Penal pidió al Tribunal de juicio celeridad en uno de los casos conexos a la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas. La causa y todos los expedientes que se desprenden de la misma fueron elevadas a juicio oral hace cinco años. La fiscal general Fabiana León había denunciado al TOF 7 por demoras en el tramo que se ocupó de las presuntas coimas y sobreprecios en la compra del Gas Natural Licuado durante la gestión kirchnerista. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña rechazaron el argumento de la fiscal, pero instaron a intensificar el trámite para que inicie el debate oral.

En septiembre de 2019, el fallecido juez Claudio Bonadio envió a juicio oral a Cristina Kirchner y a medio centenar de empresarios junto a ex funcionarios, acusados de participar de una estructura de sobornos que funcionaba desde el Estado. El TOF 7es el responsable de llevar a cabo el juicio del caso que, en etapa de instrucción, fue calificado como la mayor estructura de corrupción de los últimos veinte años.

Según informaron los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, se encuentran analizando el ofrecimiento de pruebas realizado por todos los acusados y por la fiscal León. El mes pasado, el TOF terminó de responder todos los planteos de las partes y se encuentra dedicado al proveído de prueba: “una vez concluida la prueba solo restaría fijar fecha de inicio del juicio”.

Este último reclamo -hubo varios anteriores- corresponde al tramo conexo a la causa principal denominado Gas Licuado, en el que el ofrecimiento de la prueba concluyó el año pasado. La finalidad del reclamo es que en un plazo razonable se fije la fecha de inicio del juicio oral de esta parte donde uno de los principales acusados es Julio De Vido. Cristina Kirchner quedó fuera de esta investigación.

La elevación a juicio sostiene que el caso de los cuadernos reflejaba “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

A criterio del juez de instrucción, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada.

Las coimas para comprar gas licuado

Sobre el tramo que investigó el entramado de presunta corrupción alrededor de la adquisición de barcos de GNL, la fiscal León interpuso una queja por retardo de justicia. Sostuvo que hay una “mora en que incurre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7 en el trámite de las actuaciones para dictar auto de admisibilidad de prueba y fijar fecha para la celebración del debate oral”.

A la hora de argumentar su reclamo, indicó: “A casi 5 años de tránsito procesal de esta causa ante ese Tribunal, y llegando a los 3 años desde que las partes hemos ofrecido prueba e instado actividad suplementaria, esta Fiscalía General reclamó en dos ocasiones el dictado del auto de admisibilidad y el avance de las actuaciones hacia su juicio oral”.

La fiscal justificó su denuncia en “el paso del tiempo y la inactividad sin reversión. Pero hay un punto que es dirimente: han transcurrido casi tres (3) años desde que las partes hemos ofrecido prueba y todas las excepciones preliminares planteadas han sido resueltas y confirmadas”.

“Sin perjuicio de la particular actitud asumida por la fiscal -que en el término de once días hábiles formuló insistentemente tres pedidos de igual tenor-, de ninguna manera puede admitirse la injustificada apreciación que desliza en torno a la actividad desarrollada por el Tribunal, pues más de allá de que la crítica adolece de una mirada integral en torno al trámite del bloque de causas conexas de que se trata, la tarea realizada a través de los magros recursos con los que se cuenta”, indicó el TOF 7 en su defensa.

Hay que recordar que el Tribunal en cinco oportunidades pidió recursos a la Corte Suprema de Justicia, que no fueron asignados en su totalidad. En este sentido los jueces señalaron que “la cuantiosa prueba colectada ha exigido la clausura de la sala de audiencias con la que cuenta el tribunal por carecer del más mínimo y digno espacio para afrontar un proceso de esta envergadura”. Indicaron además, que “se han tramitado las innumerables incidencias generadas con motivo de los más de cien imputados en el conglomerado de causas conexas-patrimoniales, personales, procesales- y resuelto numerosos planteos que -como antesala de un juicio de esta magnitud exige, antes que precipitación, la atención detenida de cada una de las secuencias que integran la adecuada administración de justicia”.

Al analizar el reclamo, los camaristas de la Sala I de la Casación Federal, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, entendieron que no hay elementos para sostener la queja de la fiscal León. Se basaron en las explicaciones que dio el Tribunal de juicio al ser consultado por la denuncia formulada por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Los camaristas analizaron los antecedentes que expuso el TOF 7 “tomando en cuenta las explicaciones justificadas brindadas por el Tribunal Oral al contestar el informe solicitado, de momento no se advierte que la demora en proveer la prueba ofrecida por las partes, y denunciada por la Fiscal de juicio, configure un caso de retardo de justicia, por lo que corresponde rechazar la queja interpuesta”, indicaron.

Sin embargo, los camaristas instaron al tribunal de juicio a intensificar el trámite de la causa por considerar que no admite dilaciones. En este punto señalaron que eran “atendibles” los planteos de la fiscal León y por ese motivo “se instó al tribunal aludido a intensificar el trámite procesal en esas actuaciones a fin de cumplimentar todos los actos procesales reclamados por la fiscal y pendientes de producción”.

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