Antes de fin de año se define si Cristina Kirchner pasará a la historia con o sin condenas por corrupción

En los próximos tres meses se definirá si Cristina Kirchner pasará a la historia con o sin condenas por corrupción. Por eso prepara otro discurso de fuerte contenido político en su alegato para el viernes con movilización y todo a Comodoro Py.

No solo porque no pudo frenar el juicio oral por la causa Vialidad, sino porque de acá hasta diciembre se sellará su suerte en varias causas judiciales clave, destacaron fuentes judiciales.

Como el efecto político del fallido atentado en su contra no pudo frenar las causas y un amplio sector de la sociedad duda sobre el ataque, la vicepresidenta lanzó una “guerra por la credibilidad” que incluye una defensa política frente a las acusaciones por corrupción.

Desde hace años viene atacando la credibilidad de periodistas, jueces y fiscales y ahora, en su última ofensiva antes de las elecciones del próximo año, prepara un gran “forum shopping” (elegir el juez amigo) para intentar sacarse de encima los magistrados que no ceden ante sus ataques, mediante una catarata de recusaciones.

Como adelanto, su ex abogado y actual titular de la Inspección General de la Justicia, Ricardo Nissen, ya recusó a ocho jueces de la Cámara Comercial en busca de un magistrado alineado con los K, en una causa por la comisión de los directorios de las empresas privadas.

Mientras, los jueces que la investigan siguen sufriendo presiones. Esta semana le tocó al juez del tribunal que juzga el caso Vialidad, Jorge Gorini, a quien le tiraron frente a su casa un «paquete sospechoso».

La policía de la Ciudad lo hizo estallar pero contenía mandarinas enrolladas como si fuera una bomba. “Es un mensaje mafioso como para decir al juez que está “mandando fruta””, en el juicio, es decir acusaciones sin sentido, mientras a Rodrigo Giménez Uriburu intentaron cambiarle el chip de su celular para hackearlo. Y se trata solo de la última de una larga lista de presiones y amenazas contra jueces y fiscales.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dispuso aumentar la custodia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ante pedidos en las redes sociales de ir a sus casas a «escracharlos» de parte de militantes K. Todo por el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión para la ex presidenta. El auto de otro fiscal, Sergio Mola, recibió balazos hace dos meses pero fue “un intento de robo común”, aclaró una fuente judicial.

La nueva declaración de Cristina en la causa Vialidad (en la primera atacó a los jueces y parafraseó a Fidel Castro diciendo “la historia ya me juzgó”) seguramente se basará en su teoría del Lawfare.

En ese sentido, su abogado Juan José Ubeira manifestó su preocupación por saber «quién los financia” a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte –dos procesados- y porqué Gastón Marano, el abogado del jefe de la “banda de los copitos”, Gabriel Carrizo, “tiene conexiones con la embajada de Estados Unidos».

Es cierto que Marano fue asesor de la esa embajada pero también fue abogado del empresario K Sergio Szpokski, logró la excarcelación del hijo del sindicalista “Pata” Medina, Puli Medina, y acusó al “PRO de haberle armado la causa”, entre otros clientes de ambos lados de la grieta.

En lo que resta del año Cristina Kirchner no solo se juega su situación procesal en el juicio Vialidad, sino también en las causas Hotesur y los Sauces, Ruta del Dinero K, Pacto con Irán y otras.

Sucede que la Cámara de Casación debe resolver sobreseimientos o procesamientos en esas causas en que la vicepresidenta está directa o indirectamente vinculada a través de Lázaro Báez y Julio De Vido.

Además, todavía entre los jueces de instrucción hay causas que pueden afectarla. No solo es ella sino el entorno que tuvo en sus dos presidencias.

Esta semana, por ejemplo, el juez Julián Ercolini autorizó la extradición desde México del empresario Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, uno de los testaferros del ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, quien invirtió 70 millones de dólares en propiedades en EE.UU. Esparza guarda secretos sobre el destino de 40 de esos 70 millones.

Como hay plazo para traerlo al país e indagarlo hasta el 31 de octubre, el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, le advirtió por escrito al canciller, Santiago Cafiero, que disponga rápido los trámites necesarios para que no se venza esa fecha.

Pero la defensa de Cristina mira con preocupación que pasará con causas que involucran directamente a la vicepresidenta y están en la Cámara Federal de Casación Penal. La parte técnica la realiza su abogado Carlos Beraldi, pero la parte política –sobre todo en el tema del atentado- la centraliza el viceministro de Justicia y ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Martín Mena.

Por lo pronto, la sala I de Casación -el máximo tribunal penal antes de la Corte- integrada por los jueces Daniel Petrone, Ana Figueroa y Diego Barroetaveña, fijó audiencia para analizar el 10 de noviembre el polémico sobreseimiento que dictó el TOF 5 con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg (Adriana Palliotti votó en disidencia) en la causa Hotesur y Los Sauces.

Casación podría revocar ese fallo y ordenar se inicie el juicio oral por una supuesta maniobra de lavado de 80 millones de pesos que Báez le pagó a Los Kirchner en concepto de “los alquileres” de sus hoteles y otros propiedades.

Esa misma sala de Casación convocó a una audiencia el 29 de este mes para resolver si confirman o revocan el sobreseimiento de Cristina, el Procurador General del Tesoro, Carlos Zannini, el piquetero K Luis , D’Elía, “El Cuervo” Larroque y Mena, entre otros, en la causa por el pacto con Irán que denunció el ex fiscal de la AMIA, Alberto Nisman.

En esta causa la ex presidenta y el resto de los imputados están acusados supuestamente de haber beneficiado a los cinco iraníes que están imputados como autores intelectuales del atentado contra la mutual judía. Como condimento político, Barroetaveña va como candidato de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados al Consejo de la Magistratura.

Otra sala de Casación, la IV integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Javier Carvajo deberá resolver a partir del 6 de octubre si confirma la condena a Lázaro Báez a 12 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares.

Actualmente, ese tribunal está escuchando a los 24 condenados y 20 días después de esa fecha deberá emitir su fallo. Es una causa de 3 mil fojas y compleja pero es clave para el futuro de Cristina. El tribunal oral que condenó a su socio, Lázaro Báez, dijo que esa plata negra provino de negociados con la obra pública, como los que se ventilan en la causa Vialidad.

La vicepresidenta está imputada con una falta de mérito en la causa residual de la Ruta del Dinero K que tiene el juez federal Sebastián Casanello que seguirá el destino de la causa madre.

La sala IV, también, tiene desde el viernes pasado las recusaciones de Cristina y el ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa Vialidad contra el juez Gorini y el fiscal Luciani. Pero como no hay sentencia definitiva en el juicio es difícil que la ex presidenta pueda separarlos del caso.

Mientras, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces German Castelli, Enrique Signori y Fernando Canero y la fiscal Fabiana León empezarán el año que viene el juicio oral por la Causa de los Cuadernos de las Coimas en la cual Cristina está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita que recaudó unos 200 millones de dólares de coimas de empresas de la construcción.

En el caso con mayor nivel probatorio construido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, varias defensas pidieron a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido. Hay 31 arrepentidos que confesaron, como nunca antes en la historia judicial argentina, que pagaron sobornos al entorno de Cristina.

En paralelo, el máximo tribunal de acá a fin de año también tiene que resolver un recurso del juez Castelli (el del Cuadernos) contra la decisión de sacarlo del TOF 7, quien es víctima de una de las más grandes jugadas del “forum shopping gigantesco” que busca Cristina para probar que la historia, como dijo en febrero de 2019, “ya me absolvió”.

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Confirmaron el procesamiento y embargo del abogado del ex secretario de Cristina Kirchner

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