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Allanaron el ministerio de Defensa por el retraso en apelar un fallo que cedió tierras del Ejército a mapuches

El juez federal Daniel Rafecas allanó este viernes el ministerio de Defensa para buscar los originales del expediente por el cual el ministerio de Defensa se retrasó en apelar un fallo de primera instancia que ordenó al Ejército entregarle 180 hectáreas de la escuela de Instrucción Andina de Bariloche a una comunidad mapuche.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina buscaron documentación vinculado a esa causa por una denuncia de diputados de Juntos por el Cambio debido a que la cartera que dirige Jorge Taiana dejó vencer el plazo para apelar el fallo de la jueza de Bariloche.

Los prefectos buscan información sobre la actuación de la abogada de Defensa Silvia Vázquez, la responsable jurídica de la causa que se la pasó al Ejército cuando el plazo de apelación estaba vencido tal como adelantó Clarín el domingo pasado. El pedido de allanamiento fue realizado por el fiscal Carlos Stornelli.

En un comunicado Defensa comunicó que «se llevó a cabo un requerimiento de información respecto a la denuncia contra la abogada de la Procuración del Tesoro, que oficia como letrada del Estado en la causa en la causa que involucra tierras bajo custodia del Ejército Argentino». Es decir que la abogada Vázquez, no depende de Taiana sino del Procurador del Tesoro y operador judicial de Cristina Kirchner, Carlos Zannini.

«Ante este pedido, las áreas jurídicas del Ministerio y del Ejército se pusieron a entera disposición de la Fiscalía y presentaron toda la documentación solicitada», agregó.

El comunicado de Taiana destacó que «la información pedida es pública y podría haber sido solicitada por un simple oficio».

El ex ministro de Defensa radical Horacio Jaunarena reclamó a Taiana que abriera un sumario pero su sucesor recién lo hizo tras la presentación de la denuncia penal. Jaunarena se preguntó si fue un error o una decisión política para avalar el reclamo mapuche.

El polémico fallo de la jueza de Bariloche, Silvia Vázquez, le concedió la titularidad al Lof de Millalonco Ranquehue y quedó firme tras la apelación presentada fuera de término por Defensa. Por ese motivo se radicó la denuncia contra la asesora letrada y sus jefes.

«Quien actuara en representación del Ministerio de Defensa de la Nación y del Estado Mayor del Ejército Argentino incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, contemplados en los artículos 248 y 271 del Código Penal. y los que pudieren surgir de la investigación», sostuvo la presentación judicial de Gerardo Milman y otros diputados de Juntos por el Cambio.

La denuncia penal no se circunscribe únicamente a la abogada Vázquez, sino que se refiere también a las autoridades de «las más altas esferas del Ministerio de Defensa», quienes «pudieron haber tenido no solo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, sino también haber dado la orden de dejar vencer los plazos».

El Ejército, a través de su Dirección de Asunto Jurídicos presentó el lunes recurso extraordinaria federal ante la Corte contra el fallo de la Cámara Federal de General Roca.

Si es rechazado, tienen instrucciones de ir en un recurso de queja ante la Corte Suprema.

La sentencia de la Cámara de General Roca puntualiza que «si el Ministerio de Defensa decidió que la instancia recursiva fuera abordada a través del Ejército Argentino … debió hacerlo respetando los plazos procesales … a partir del momento en que la sentencia fue notificada».

El Ministerio de Defensa había recibido la sentencia el miércoles 2 de febrero, a las 12, pero recién remitió el expediente NO-2022-11199739-APN-DAJUD#MD, el viernes 4 de febrero, a las 15, cuando el plazo procesal había vencido a las 12 de ese día, informaron fuentes parlamentarias a Clarín.

La Dirección de Jurídica del Ejército se notificó de la sentencia y presentó la apelación –rechazada por la Cámara, por haberse vencido el plazo– el domingo 6 de febrero, pasadas las 20.

La jueza de primera instancia precisó que «el único obligado al cumplimiento de la sentencia es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas» pese a que están mencionados en el expediente «el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y el Congreso de la Nación». Finalmente, la responsabilidad fue derivada al Ejército.

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